Estetoscopio Político: legislación, medicina y justicia
En nuestro país la práctica médica se encuentra regulada en distintas leyes, principalmente en la Ley General de Salud. De esta se desprenden distintos reglamentos y más de 100 normas oficiales que hacen que la práctica de la salud sea bastante observada.
Aun así, existen vacíos en cuanto al actuar del personal médico y de enfermería, ya que la práctica de las profesiones de la salud avanza y atiende las necesidades de la sociedad que cambia constantemente, aunado a una falta de nuevos profesionales que en nuestro país existe. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere un mínimo de 2.3 a 3 médicos por cada 1000 personas como parámetro básico de disponibilidad para la atención médica; también recomienda un parámetro general de al menos 6 profesionales de enfermería por cada 1000 habitantes.
Esto contrasta en nuestro país, ya que para médicas y médicos se tienen 2.4 por cada mil habitantes y en el caso de enfermería se tienen 2.9 para la misma población.
No es de extrañarse que en el día a día de la práctica médica se encuentren casos como el de Jalisco, que en 2014, tras girarse órdenes de aprehensión contra 16 médicos del Centro Médico de Occidente, se les acusó de homicidio culposo por la muerte de un joven de 15 años ocurrida en 2010, lo que desató movilizaciones a nivel nacional en apoyo a las y los médicos que fueron imputados.
Recientemente, en el estado de Querétaro, la enfermera Alicia Bajara fue detenida con cargos de usurpación de profesión, ya que presuntamente amputó un dedo a un paciente y se complicó provocando la pérdida total del miembro. El caso se encuentra en investigación para el deslinde de responsabilidades y debe ser la autoridad competente quien emita una resolución.
Sin embargo, en ambos casos los medios salen a juzgar, culpar y sentenciar de manera pública a las y los profesionales de la salud, con la intención de generar una corriente de opinión en la sociedad contra quienes han dedicado la vida a salvar la de otros.
Autoridades, el gremio de la salud y el legislativo tenemos la obligación de atender las lagunas en la normativa y la ley para que el ejercicio de la medicina no sea una profesión de alto riesgo para quienes la practican, expuestos a perder su fuente de trabajo, la reputación o hasta la libertad.
La práctica médica es, por naturaleza, incierta y compleja. Ningún profesional de la salud tiene la certeza absoluta de que un tratamiento funcionará o de que una cirugía no tendrá complicaciones. Criminalizar esa incertidumbre es un camino peligroso, porque desincentiva a quienes nos dedicamos o quieren dedicarse a esta noble profesión, generando un ambiente de miedo que, en última instancia, puede terminar perjudicando a los pacientes.
México necesita un pacto por la seguridad jurídica de los profesionales de la salud, en el que el Estado garantice condiciones dignas de trabajo, los medios de comunicación ejerzan un periodismo responsable y nosotros los legisladores cerremos lagunas normativas que actualmente convierten a médicos y enfermeros en potenciales víctimas de un sistema que ellos mismos sostienen con su esfuerzo diario.
No podemos pedir vocación y al mismo tiempo heroísmo, si el Estado no ofrece certeza y garantiza protección al personal de salud.
