EU declara la guerra al fraude en Medicare y Medicaid

Una lección que México no puede ignorar

FinCEN alerta a los bancos sobre esquemas del crimen organizado y propone recompensas a denunciantes. Después de años estudiando estos fenómenos, veo con claridad que el fraude en salud pública deja de ser un “costo operativo” para convertirse en prioridad nacional puesto que el gobierno de Donald Trump cumplió una de sus promesas más concretas en materia de integridad pública.

A través de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), del Departamento del Tesoro, se lanzaron dos medidas que demuestran que la lucha contra el fraude en los programas de salud ya no es retórica.

Primero, FinCEN emitió un aviso oficial dirigido a todas las instituciones financieras del país, exigiéndoles mayor vigilancia frente a los esquemas de fraude que atacan Medicare, Medicaid y otros programas federales y estatales de beneficios de salud. El documento describe con detalle cómo grupos del crimen organizado incluidas organizaciones criminales transnacionales (TCOs), ya que estas utilizan empresas fantasma, identidades robadas (incluso de médicos ya jubilados) y complejas estructuras de lavado para presentar reclamaciones falsas y drenar millones de dólares.

Los números son alarmantes: los reportes de actividades sospechosas (SAR) relacionados con este tipo de fraude se dispararon más de 330 por ciento desde 2020, superando los tres mil 800 casos solo en 2025. Y eso, según FinCEN, probablemente subestima la magnitud real del problema.

El aviso no se queda en generalidades. Incluye una lista específica de banderas rojas que los bancos deben monitorear transferencias inusuales, apertura de cuentas con identidades dudosas, pagos a proveedores recién creados sin historial clínico real, y patrones que sugieren colusión o uso de “prestanombres”.

Se insta a reportar de inmediato estas operaciones, no solo por obligación, sino de forma voluntaria y proactiva.

En paralelo, FinCEN publicó una regla propuesta para implementar un programa robusto de recompensas a denunciantes (whistleblowers). Quienes entreguen información “accionable”, útil, verificable y que lleven a recuperaciones, podrán recibir entre el 10 y el 30 por ciento de las multas o montos recuperados.

Es un incentivo inspirado en el éxito de programas similares de la SEC, y forma parte de una estrategia más amplia.

Estas acciones responden directamente al Task Force contra el Fraude que lidera la vicepresidenta JD Vance, creado por orden ejecutiva del presidente Trump hace apenas unas semanas. El mensaje es claro y contundente, el fraude en los programas sociales no es un “costo de hacer negocio” ni un mal menor. Es un robo directo al contribuyente y una amenaza real a la sostenibilidad de los sistemas de salud.

Como alguien que ha estudiado durante años los mecanismos de fraude en sistemas de salud públicos tanto en México como en otros países, esta estrategia de Washington no me sorprende, pero sí me llama la atención por su rapidez y coordinación.

Estados Unidos está combinando inteligencia financiera, presión sobre la banca privada y un fuerte incentivo a la denuncia interna. No están improvisando, están usando las herramientas modernas como el análisis de patrones, monitoreo en tiempo real y recompensas económicas para cerrar las grietas por donde se escapa el dinero público.