Exigen intervención federal para atrapar al esposo de edil de Tenancingo
TOLUCA, Edomex., 18 de octubre de 2026.-Integrantes del Colectivo Tenancingo solicitaron la intervención de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo; y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, para dar con el paradero de José Roberto 'N', esposo de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, quien acumula más de cuatro meses evadido de la justicia tras dictarse una orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro simulado en el Estado de México (EMX).
El reclamo ciudadano busca reactivar la localización del imputado y esclarecer por qué la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha ejecutado el mandato judicial girado desde junio de 2026, exigiendo además que se indague si existen funcionarios permitiendo su fuga.
Los voceros de la agrupación manifestaron su preocupación ante la falta de resultados por parte de las autoridades locales para cumplimentar la orden de captura contra el cónyuge de la edil. Aunque la representación social aclaró en su pronunciamiento que no posee pruebas contundentes para señalar una red formal de protección o encubrimiento, enfatizó la urgencia de que el Gabinete de Seguridad federal asuma el seguimiento del expediente para evitar que el caso quede en la impunidad.
Versiones encontradas y el expediente sin resolver
El estatus legal del sospechoso mantiene una marcada contradicción entre la versión oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y las declaraciones públicas hechas por la alcaldesa morenista. Mientras las investigaciones ministeriales ubicaron a José Roberto 'N' y a su hermano Óscar 'N' como prófugos tras planear el autoatentado que derivó en la vinculación a proceso de la presidenta municipal, la propia Nancy Nápoles Pacheco sostuvo en junio que su pareja se encontraba libre y realizando sus actividades cotidianas de manera normal.
La ausencia de información sobre la detención del implicado mantiene la orden de aprehensión dictada en junio como el último movimiento judicial firme registrado en el libro de gobierno. La opacidad en torno al paradero de los imputados alimentó el malestar social en el municipio sureño, donde los habitantes cuestionan la efectividad de las labores de inteligencia de la policía de investigación estatal.
El reto penal que encara la trama judicial
Las implicaciones legales por el delito de simulación de secuestro o privación ilegal de la libertad contempla severas sanciones estipuladas en el marco penal vigente en la entidad mexiquense. De acuerdo con el Código Penal del Estado de México (EMX) y la ley general en la materia, incurrir en la orquestación o invención de un plagio para obtener un beneficio o movilizar a las instituciones de seguridad puede acarrear penas que van de los dos a los ocho años de prisión, sumado a las agravantes por el uso indebido de recursos públicos.
El procedimiento legal instruido contra la alcaldesa Nancy Nápoles Pacheco continúa su marcha procesal ante los juzgados mexiquenses mientras sus familiares directos permanecen al margen de los tribunales. La eventual captura de José Roberto 'N' resultaría determinante para deslindar responsabilidades directas en la autoría intelectual del falso secuestro que sacudió la gobernabilidad del municipio.
Clima de incertidumbre en el sur mexiquense
La persistencia de este pendiente judicial impacta de forma directa en el ambiente político y social de Tenancingo, una demarcación del sur mexiquense caracterizada por su actividad comercial y turística. La falta de claridad respecto a la ubicación de los probables responsables mantiene bajo constante escrutinio la gestión municipal y la credibilidad de las instituciones encargadas de impartir justicia en la zona.
La petición turnada a las autoridades federales representa un nuevo intento de la comunidad organizada por evitar el enfriamiento del caso ante los tribunales. Las próximas semanas serán clave para determinar si la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal toma el control de las labores de localización o si el expediente se mantiene bajo la jurisdicción exclusiva de la fiscalía mexiquense.
