¿Existe un perfil deseable para el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

La respuesta rápida es un contundente SÍ. El detalle del asunto está en el contenido de dicho perfil deseable. Si le preguntáramos a 100 miembros promedio de la comunidad jurídica mexicana cuáles serían las notas indispensables para dicho perfil deseable, seguramente, las respuestas serían más o menos las siguientes: ser una persona honesta y muy preparada; contar con carrera judicial, y; no tener más compromisos que con el Estado de Derecho.

Por supuesto, nadie pondría en duda que la honestidad y la preparación, incluida la formación técnica, son características sine qua non de un buen juzgador. No obstante, ya ocupando el cargo, personas muy honestas y más que preparadas se han mostrado como operadores judiciales con una moral profesional flexible o muy relajada. Por lo que si bien la honestidad y la preparación son cualidades indispensables, también son vencibles e insuficientes.

Es importante precisar que la preparación que requiere un juez constitucional no se reduce a contar con muchos diplomados, títulos o grados académicos. Se trata más bien de una preparación especializada en Derecho constitucional, particularmente en un área muy específica: el control de la constitucionalidad del ejercicio del poder público.

Aunque suena bien y sin duda es recomendable prima facie, varias objeciones se han hecho valer en contra de la necesidad de contar con carrera judicial: los cargos de la Suprema Corte de Justicia son más políticos que técnicos, muchas de las personas que han ocupado el puesto exitosamente no tenían carrera judicial y de hecho contar con dicha preparación no garantiza necesariamente un buen desempeño en el máximo tribunal del país.

Asimismo, la carrera judicial pudiese ser un obstáculo para impulsar cambios en el Poder Judicial, en especial para superar inercias institucionales, así como para revisar a conciencia criterios, prácticas y metodologías estandarizadas en el marco de una cultura jurídica neoliberal predominante.

Debemos tener presente que el cambio en el Poder Judicial impacta en los liderazgos del sistema judicial, pero no implica una renuncia absoluta a la carrera judicial ni un rechazo a la formación y alta competencia técnica que requieren los operadores judiciales y los equipos presentes en las ponencias. La continuidad y estabilidad de la función judicial, así como la seguridad jurídica, dependen precisamente de una transición exitosa que logre equilibrar la renovación directiva con la solidez de la masa crítica acumulada en la institución.

Por otro lado, mantenerse ajeno a cualquier compromiso distinto a la obligación de resguardar el Estado Derecho en abstracto también suena interesante, pues parece el camino más sencillo para defender la independencia judicial y el principio de imparcialidad.

Sin embargo, es necesario recordar que precisamente bajo esta consigna es que los operadores judiciales de la anterior Suprema Corte de Justicia tomaron todo tipo de decisiones unilaterales o de plano arbitrarias, donde sus sesgos ideológicos, preferencias políticas o éticas, incluso intereses económicos, prevalecieron por encima de los hechos probados durante el proceso y del Derecho aplicable. Es más, argumentando así es que ministras y ministros se animaron a colocar sus doctas opiniones por arriba de la literalidad de las normas constitucionales.

En todo caso, de lo que se trata es de proteger la Constitución y para ello lo que hace falta es aplicarla integralmente, esto es, no olvidar que la soberanía popular, el interés público nacional y los derechos colectivos (económicos, sociales, culturales y ambientales) son parte fundamental del orden jurídico constitucional mexicano. Por cierto, el compromiso básico de todo servidor público es con el pueblo y no es un asunto ideológico, ético o político contingente o externo a la Constitución, sino un mandato constitucional primordial.

Más allá de sus particularidades, en general, el problema con las características pregonadas desde el interior del propio Poder Judicial y el discurso mayormente extendido en la comunidad jurídica mexicana, incluido el sector académico, respecto del perfil deseable para ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que pertenecen a una idea de justicia y juzgador que la reforma judicial busca superar.

Ahora bien, la mejor manera de identificar el perfil deseable para cualquier cargo público es conocer qué hace la institución en cuestión.

En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano encargado de controlar que el poder público se ejerza conforme a la Constitución del Estado. De aquí que sus integrantes sean considerados jueces constitucionales: operadores judiciales facultados para interpretar las normas supremas del orden jurídico, incluidos sus principios y valores, así como responsables de garantizar su vigencia.

Adicionalmente, habría que considerar que, conforme al modelo de Estado social de Derecho que contempla nuestra Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe emitir resoluciones con un sentido social y no sólo formal, por lo que el principio de legalidad supone el mandato constitucional de justicia social.

De igual manera, si bien la impartición de justicia se basa en el Derecho positivo, también lo es que se aplica a seres humanos en contextos sociales específicos, por lo que aplicar la ley debiese implicar para los operadores judiciales un compromiso con la humanización del Derecho.

Así las cosas, poseer conocimientos especializados en Derecho constitucional y sistemas de control de la constitucionalidad, así como experiencia profesional en materias relacionadas con la justicia social, además de una visión humanista del fenómeno jurídico, parecieran ser también notas relevantes en un perfil deseable para la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por supuesto, los buenos perfiles suman legitimidad al órgano de control de la constitucionalidad. Pero, en última instancia, serán el desempeño y los resultados las mejores fuentes de legitimidad de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la formación adecuada, el compromiso social y valores como la prudencia se pondrán a prueba.