Las noticias sobre el impacto de la nueva cepa Ómicron no son nada halagüeñas. Cada día se presenta en muchos países del mundo, incluyendo el nuestro, con un nuevo récord en el número de contagiados. Aunque hay reconocimiento de que la nueva cepa es menos agresiva que sus precedentes, su mayor poder de contagio significa un crecimiento exponencial, además de que el riesgo es considerablemente mayor en la población no vacunada.

Que la letalidad de la Ómicron sea menor que la Delta o Alfa no significa que no sea peligrosa en extremo, por su poder de contagio y los efectos en la población no vacunada. En todos los países, México incluido, se advierta una nueva crisis hospitalaria. Los decesos también registran un repunte. Acelerar la vacunación es la vía más segura y confiable para transitar hacia un mejor estadio en salud pública.

La pésima gestión gubernamental de la crisis sanitaria no se ha traducido en un reclamo siquiera menor de la población. En un principio, el presidente López Obrador bajó en su aceptación para regresar nuevamente a cifras elevadas. Hugo López-Gatell, responsable institucional en la lucha contra la pandemia, tiene muy buena aceptación. El mal manejo gubernamental no es tema de opinión. Los números así lo demuestran, al igual que todas las calificaciones internacionales que aluden al desempeño de los gobiernos en la pandemia.

El catálogo de faltas básicas en el manejo gubernamental de la crisis da para un caso de responsabilidad penal por parte del titular institucional en la crisis sanitaria, López-Gatell. La población no es advertida ni se promueve el cuidado porque se minimiza el riesgo; se pone en duda el uso de medidas preventivas básicas, como el uso del cubrebocas; se rechaza el empleo de vacunas a manera de monitorear y conducir con información objetiva la crisis; se manipulan cifras con el propósito de acreditar una falsa eficacia de las respuestas institucionales, y en la fase de vacunación deliberadamente se deja sin protección a amplios segmentos de la población, como han sido jóvenes y menores. Después de un año de vacunación solo 57 por ciento posee el esquema completo, y 64 por ciento ha recibido al menos una vacuna. La vacuna de refuerzo alcanza a una minoría.

¿Por qué no hay sanción social al mal desempeño de gobierno? La pregunta es pertinente no sólo para el tema de salud; puede aplicarse a las malas cuentas en materia de economía, inseguridad, violencia o corrupción. Una parte, solo una parte, se explica por el deficiente escrutinio de los instrumentos de la sociedad sobre sus autoridades, que involucra a la oposición formal, a los medios de comunicación, a las organizaciones de la sociedad civil, y a otros factores de poder e influencia, como gremios, organizaciones de trabajadores, empresariales o religiosas.

En democracia, la calidad de un gobierno no resulta únicamente de sí mismo, sino de todo el aparato institucional de pesos y contra pesos y de escrutinio al poder y de sanción social. Como se ha dicho, lo que resiste apoya. La intolerancia del gobierno y el miedo de los gobernados juegan su parte. También la complacencia por la ausencia de una cultura ciudadana y un sentido de legalidad.

Allí no termina la explicación sobre una sociedad indefensa ante el abuso del poder o el deficiente ejercicio de autoridad. En buena parte está la manera como las personas se ven a sí mismas frente a lo que acontece; está muy presente el fatalismo por el sentimiento de culpa, de profundas raíces religiosas. Visto así, no se trata de incompetencia gubernamental, ni de que colectivamente no se actúa de manera responsable para prevenir o contener los problemas y las amenazas; las desgracias ocurren como una suerte de castigo divino. Culpa y fatalismo van de la mano en el pensamiento mágico, caldo de cultivo del mal gobierno. Federico Berrueto en Twitter: @Berrueto