Frena juez avance del proceso contra Ernesto Ruffo desde Toluca
TOLUCA, Edomex., 1 de noviembre de 2026.- El proceso penal que enfrenta el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos recibió un nuevo revés para la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que un juzgado federal con sede en Toluca le concedió una suspensión definitiva contra el auto de vinculación a proceso. La resolución fue emitida el pasado 29 de octubre por Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México (EMX), dentro del juicio de amparo 1085/2026.
La determinación representa un freno al avance del procedimiento penal hacia la apertura de un juicio oral, mientras se resuelve el fondo del amparo promovido por el exmandatario. Sin embargo, no significa que haya sido declarado inocente, que se hayan retirado los cargos en su contra o que quede cancelada su vinculación a proceso, dictada en julio por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez.
Ruffo Appel permanece bajo prisión domiciliaria en Baja California
Ruffo Appel, de 74 años, actualmente enfrenta el procedimiento bajo la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria en Ensenada, Baja California. El cambio fue autorizado el 25 de septiembre y se concretó un día después, cuando abandonó el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, donde permaneció recluido desde su detención, el 16 de julio. La medida se concedió por su edad y las condiciones de salud argumentadas por su defensa, pero mantiene restricciones como la vigilancia de la Guardia Nacional y la prohibición de salir del país.
De igual forma, las investigaciones de la FGR lo relacionan con la empresa Ingemar, de la que fue accionista y secretario del Consejo de Administración. La Fiscalía sostiene que, presuntamente, mediante una estructura empresarial se introdujeron gasolina y diésel al país a través de ferrotanques, con irregularidades en los registros de importación y el pago de contribuciones. Por estos hechos, Ruffo fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos; también se han referido acusaciones relacionadas con defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Su situación jurídica todavía está lejos de resolverse
Posteriormente, en un comunicado emitido el pasado 2 de octubre, la Fiscalía aseguró contar con dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información para sustentar su investigación. Entre sus señalamientos indicó que Ruffo reconoció tener 49 por ciento de las acciones de Ingemar y conocer, al menos desde 2024, que algunos ferrotanques con capacidades de entre 30 mil y 112 mil litros eran declarados en documentos de importación con volúmenes de apenas 10 mil litros. La dependencia sostuvo que el procedimiento penal continúa y que corresponderá a las autoridades judiciales valorar las pruebas.
El caso también involucra un presunto daño a la hacienda pública que la FGR ha estimado en más de cuatro mil millones de pesos, a partir de miles de operaciones que considera irregulares durante el primer semestre de 2025. No obstante, la propia Fiscalía distinguió entre esa posible afectación patrimonial y los más de 100 millones de pesos que hasta julio había imputado por el contrabando relacionado con 170 ferrotanques asegurados.
Por ahora, la suspensión concedida en Toluca mantiene detenido el avance hacia el juicio oral, pero la responsabilidad penal de Ruffo Appel sigue sin resolverse y prevalece la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia.
