La hora del pueblo: El Poder Judicial y el derecho a decidir 

Este domingo 1ro de junio ha marcado un hito en la historia política de México. Por primera vez, la ciudadanía ejerció su derecho a elegir a quienes integrarán el Poder Judicial de la Federación: ministros y ministras de la Suprema Corte, magistrados y magistradas de circuito y, jueces y juezas de distrito. No se trata de una elección menor, sino de un paso decisivo hacia la transformación democrática del Estado mexicano. 

El derecho a votar –y también a no votar– es una conquista de la ciudadanía que, en democracia, se ejerce con libertad, pero también con responsabilidad. Votar no es una obligación ciega, sino un acto de voluntad soberana que define el rumbo institucional de la nación. No votar también comunica una postura, pero es votando como realmente se transforma. 

Renovar al Poder Judicial no es un capricho político, sino una necesidad impostergable. Durante décadas, el sistema de justicia en México ha sido percibido como lejano, elitista, opaco y ajeno al sentir del pueblo. Las cúpulas judiciales se han reproducido entre sí, en circuitos cerrados de privilegio, sin rendir cuentas al pueblo que, en teoría, deberían servir. La renovación por la vía democrática abre una brecha inédita hacia un Poder Judicial más cercano, más transparente y más comprometido con la justicia social. 

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir el sistema judicial a la participación popular es, sin duda, audaz y profundamente transformadora. Se trata de colocar en el centro de la justicia no sólo al derecho, sino también a la voluntad popular y a la legitimidad democrática. Un poder que juzga debe estar también sujeto al juicio del pueblo. Esto no significa someter la justicia al vaivén de las mayorías, sino fortalecer su vínculo con la sociedad y hacerla corresponsable del funcionamiento del sistema legal. 

Elegir jueces y magistrados implica confiar en que la ciudadanía tiene el discernimiento, la información y el interés cívico necesarios para tomar decisiones fundamentales. Confiar en el pueblo no es populismo, es democracia. Negarle esa posibilidad, como han sostenido algunos sectores conservadores, es seguir atrapados en una visión vertical, elitista y profundamente antidemocrática del poder judicial. 

En este proceso histórico, el acto de votar adquirió una dimensión trascendental: se convierte en un gesto de afirmación ciudadana, en una toma de postura frente al modelo de justicia que queremos para el siglo XXI. ¿Una justicia encerrada en sí misma, o una justicia que se debe al pueblo? 

Este 1 de junio no sólo se votaron nombres: se votó por una nueva forma de entender la justicia en México. Se votó por la transformación de un poder que, durante demasiado tiempo, ha estado excluido del escrutinio democrático. Se votó por el derecho del pueblo a tener voz incluso en los espacios donde antes sólo hablaban las élites togadas. 

La historia no la escriben sólo los jueces ni los legisladores, la escribe el pueblo. Y el día de ayer, el pueblo ha tenido la palabra.