Cae presunto coautor de feminicidio de la abogada Oralia Pérez Garduño
ALMOLOYA DE JUÁREZ, Edomex., 21 de febrero de 2019.- Para garantizar que las y los mexiquenses tengan acceso a procesos justos en materia penal, el Instituto de la Defensoría Pública (IDP) de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJyDH), organizó el primer taller práctico interinstitucional del Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de México.
Un total de 150 servidores públicos de las dependencias involucradas en el Órgano participaron en el taller, que tuvo lugar en la Universidad Mexiquense de Seguridad y Justicia, y que fue encabezado por la Directora General del IDP, Hilda Servín.
“Las mesas se integran por jueces, defensores públicos, ministerios públicos, asesores de víctimas, evaluadores de riesgo, policías estatales y municipales. Esto en la práctica trae conclusiones y podremos observar que existen áreas de oportunidad para mejorar el actuar y así otorgar en el presente y futuro un servicio de calidad en el sistema de justicia penal de la entidad”, explicó Servín.
La primera parte del taller consistió en investigar un caso de extorsión en grado de tentativa.
En esta sesión se trabajó la etapa de investigación, para lo cual se realizó una representación del hecho delictivo en la que participaron actores invitados, el primer respondiente, policías estatales, ministerios públicos, defensores, asesores de víctimas y evaluadores de riesgo.
Posteriormente, en la mesa de trabajo integrada por todas las instituciones, se analizó el actuar de cada participante y se obtuvieron conclusiones, para que cada parte defendiera su postura.
“Servirán para fortalecer los vínculos interinstitucionales e incrementar la eficacia en la procuración y administración de justicia; ¿cómo lo vamos a hacer? A través de las mesas de trabajo en donde los operadores jurídicos emitirán sus comentarios, opiniones y sugerencias para el mejor actuar de cada uno”, agregó la titular del IDP.
Estos talleres continuarán impartiéndose con el fin de garantizar procesos jurídicos más ágiles y eficientes en el Estado de México.