Imposible ahorrar medio billón de pesos por combate a la corrupción

Atender las promesas de campaña de los presidenciables requiere más impuestos, reingeniería generalizada del gasto público y/o más deuda

Les deseo una productiva semana, amig@s de Quadratín!

Durante el último debate presidencial todos los candidatos ofrecieron mayor gasto social sin aumentar impuestos; algunos incluso propusieron reducciones en el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Gasolina (IEPS).

Tan sólo la reducción del IVA en la zona fronteriza, la exención del ISR a las personas físicas de los niveles más bajos de ingresos y la reducción del IEPS implicarían un descenso del gasto público por 200 mil millones de pesos.

Uno de los candidatos hasta ofreció un gasto social e inversión pública sustancialmente mayores, a partir de ahorros que estima en medio billón de pesos por combate a la corrupción.

Sin embargo, este ahorro se aprecia imposible, pues de los 5.27 billones de pesos del presupuesto para el presente año, sólo una quinta parte corresponde a las dependencias y entidades de la administración pública federal (ramos administrativos).

Por lo demás, 2.9 billones de pesos son aportaciones de seguridad social (dinero de los trabajadores), aportaciones federales a las entidades federativas y municipios (previstos en la Ley de Coordinación Fiscal), participaciones federales (dinero de los estados y municipios), Fobaproa (dinero de los ahorradores), provisiones salariales (recursos para los aumentos a los sueldos de los trabajadores de base del gobierno y los maestros), deuda pública y adeudos del año anterior.

Los otros poco más de 1.3 billones de pesos son recursos del IMSS, del ISSSTE, de Pemex y la CFE, a los que, por cierto, el mismo candidato pretende aumentar recursos, por lo que su propuesta resulta absurda.

Para complicar las cosas, según los Precriterios Generales de Política Económica 2019 enviados en abril pasado por la SHCP a la Cámara de Diputados, se estima que el próximo año los ingresos presupuestarios serán mayores apenas en 65 mil 100 millones de pesos respecto al monto previsto en la Ley de Ingresos de 2018.

El mismo documento prevé que en 2019 el gasto neto total aumentará 80 mil 600 millones de pesos respecto de 2018, por lo que el cumplimento de las metas fiscales requería una reducción en el gasto programable de 12 mil 200 millones de pesos respecto a lo aprobado en 2018 (-0.3% real).

A ello deben sumarse las posibilidades de que el TLCAN termine y de un bajo crecimiento global derivado de las guerras comerciales del señor Trump, lo que podría traducirse en lo que algunos especialistas han dado en llamar “la tormenta perfecta”.

En este contexto, para estar en posibilidad de atender lo prometido durante la campaña, el próximo gobierno sólo tendrá de tres aguas: más impuestos, que ya nos prometieron que nos los habrá; una reingeniería generalizada del gasto público, lo que, como ya señalamos, resulta insuficiente; y más deuda, lo cual resulta un grave riesgo ante el elevadísimo endeudamiento que dejará el gobierno de Enrique Peña Nieto (más de 50% del PIB).

Por tales razones, los diputados y senadores que integrarán el próximo Congreso de la Unión deberán estar vigilantes del posible manejo irresponsable de las finanzas públicas, a fin de evitar que regresemos a las recurrentes crisis financieras que parecíamos haber superado.