Inhabilita Tribunal Judicial a juez por vulnerar derechos de menores
TOLUCA, Edomex., 3 de febrero de 2026.- El Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México inhabilitó por diez años a un Juez de Primera Instancia, tras acreditar que vulneró los derechos de niños en diversos procedimientos judiciales.
La resolución fue emitida por unanimidad por la Comisión Permanente Región Toluca, como parte de las atribuciones constitucionales del órgano encargado de vigilar la actuación de quienes integran el Poder Judicial mexiquense.
De acuerdo con el Tribunal, el servidor público excluyó indebidamente a autoridades responsables de la protección de menores, como el Ministerio Público y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Esta omisión, señalaron, afectó directamente el interés superior de la niñez y puso en riesgo los derechos de personas en condición de vulnerabilidad.
Violaciones en procesos
El órgano disciplinario explicó que la protección de los derechos de la infancia no debe considerarse un trámite administrativo, sino una obligación constitucional que debe aplicarse en todas las resoluciones donde estén involucrados menores de edad.
Indicó que las decisiones del juez sancionado no cumplieron con los principios legales ni con los estándares de protección establecidos en la normatividad vigente.
Por ello, se determinó que el funcionario no podrá desempeñar funciones jurisdiccionales ni ocupar cargo alguno dentro del servicio público durante el periodo establecido.
Sancionan a secretarios
Además de la inhabilitación, el Tribunal impuso una amonestación pública a dos secretarios judiciales, quienes participaron en los procedimientos y omitieron informar oportunamente a las autoridades competentes.
Las autoridades señalaron que estas omisiones contribuyeron a la afectación de los derechos de niños, al no activarse los mecanismos institucionales de protección.
Finalmente, el Tribunal de Disciplina Judicial reiteró su compromiso de supervisar el desempeño de jueces y personal judicial, a fin de garantizar que actúen con apego a la ley, la ética y el respeto a los derechos humanos.
