Inseguridad y bullying

El encontronazo de opiniones en el foro Sumemos Causas por la Seguridad, fue la más clara expresión de que estamos en la absoluta orfandad en materia de justicia.

Ni el gobierno ni las organizaciones de la sociedad tienen respuestas a la pregunta central del problema de la violencia en el país: ¿qué hacer?

Y todos tienen argumentos válidos.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, tiene razón cuando dice que “lo asesinatos, las desapariciones, las violaciones a los derechos humanos, los secuestros, las extorsiones y los robos son parte de la vida diaria en nuestro país. La violencia que vivimos no es temporal ni regional, es endémica y de alcance nacional. No se ha logrado contenerla y, mucho menos, revertirla”.

Para desgracia nacional, le asiste la razón cuando afirma que “si el Programa Nacional de Seguridad Pública para este sexenio tenía como meta alcanzar en 2018 una tasa de 12.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, como vamos, es muy probable que esa tasa quede por encima de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes al término de la administración. Esa masacre es de proporciones bélicas”.

Y el presidente Peña también tiene razón cuando refuta y dice que “lamentablemente a veces se escuchan más las voces (…) que critican y que hacen bullying sobre el trabajo de las instituciones (…) que pretenden desmoronar, descalificar, especialmente a los integrantes de las corporaciones policiacas”.

Por supuesto que es verdad que se descalifica a las policías y se defiende a los delincuentes cuando nuestros representantes se enfrentan a los narcos, secuestradores u otro tipo de delincuentes.

Con fines políticos se sataniza la acción del Estado, que tiene la facultad constitucional de emplear la fuerza para someter a los delincuentes que se le enfrentan.

¿O cómo nos vamos a defender? ¿Con narco series que endiosan la forma de vida de los criminales?

¿Nos defendemos con manipulada histeria cuando la policía abate a un grupo de sicarios o secuestradores que le hicieron frente?

Cuando se enfrentan y se matan miembros de Guerreros Unidos y Cartel Independiente de Acapulco (CIDA) y ruedan cabezas, ¿la culpa es de Peña?

Por supuesto que el Estado tiene que acabar con los cárteles de las drogas, el secuestro, la extorsión y asaltantes de trenes o de camiones, pero no seamos ilusos al creer que eso se logra con mesas de diálogo, como planteó un adelantado candidato presidencial.

Lo primero que debemos preguntarnos es de qué lado estamos, y luego no tener la desfachatez de exigir resultados al gobierno en turno cuando desde los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad se defiende a los delincuentes y se sataniza a los policías.

Todo esto no exime al gobierno, a los gobiernos, de cumplir su tarea de brindar seguridad personal y patrimonial a los ciudadanos. No lo han hecho bien.

Como dijo el ombudsman Luis Raúl González Pérez: “hay simulación y discursos de optimismo triunfalista” en materia de combate a la inseguridad.

También tiene razón Miguel Ángel Mancera al afirmar que hay que adecuar el nuevo sistema de justicia penal, que los partidos votaron y las organizaciones de la sociedad civil impulsaron. Todos son responsables.

En la calle, dice Mancera, hay 11 delincuentes que estaban presos y fueron liberados. Portar una pistola o una metralleta ya no es delito. Así salieron libres los escoltas de Dámaso.

¿Cómo nos defendemos ante eso?

Ni con ataques ni con triunfalismos vacíos, sino con una política de seguridad de Estado, transexenal, de la que nadie está dispuesto a hablar porque hay elecciones en julio.