Insta PVEM verificar bienes y transparentar sanciones en Edomex
TOLUCA, Edomex., 14 de octubre de 2026.— Durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de la Contraloría, Hilda Salazar Gil, la diputada Alejandra Figueroa Adame, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), instó a que la recepción de declaraciones patrimoniales no se quede en un mero trámite burocrático, sino que se traduzca en auditorías reales, detección de inconsistencias y sanciones efectivas contra los servidores públicos que incurran en irregularidades.
Reconocimiento al cumplimiento de entrega de situaciones patrimoniales
En el marco de la Glosa del Tercer Informe de Actividades, la legisladora ecologista expuso que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025, el Estado de México (EMX) registró una tasa de incidencia de 30 mil 86 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes en trámites y servicios públicos, cifra que supera el promedio nacional de 27 mil 438 casos.
Frente a este panorama, reconoció el avance del 96.48% de cumplimiento en la entrega de más de 510 mil declaraciones de situación patrimonial por parte de la burocracia mexiquense; sin embargo, advirtió que la estadística por sí sola no garantiza un combate frontal a la corrupción.
"La eficacia de este mecanismo no debe medirse exclusivamente por el número de declaraciones recibidas, sino también por la capacidad institucional para revisar la información, identificar posibles inconsistencias y, cuando corresponda, iniciar los procedimientos administrativos conducentes", sentenció la diputada en la máxima tribuna de la entidad.
En este sentido, la legisladora local cuestionó a la titular de la dependencia estatal sobre los criterios que orientan las investigaciones, al tiempo que exigió un desglose claro sobre cuántas sanciones se han registrado en cada nivel del servicio público.
Vigilancia interna a la Contraloría
Además de solicitar cuentas sobre el resto de las dependencias, Alejandra Figueroa Adame cuestionó la vigilancia interna de la propia dependencia encargada de auditar al Estado, planteando quién vigila a los vigilantes.
"¿Qué mecanismos de supervisión y control existen para garantizar que la propia Secretaría actúe con legalidad, imparcialidad y transparencia? ¿Qué instancia revisa su actuación, fiscaliza el ejercicio de sus recursos y determina, en su caso, las responsabilidades administrativas de sus propias personas servidoras públicas?", inquirió Figueroa Adame.
