El interés legítimo en la nueva reforma a la Ley de Amparo

El artículo 107 constitucional establece las bases para la resolución de las controversias a que se refiere el artículo 103 constitucional, que no son otras que las que resultan de normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales vigentes en el país. A su vez, la ley reglamentaria establece las formas y los procedimientos a los que habrán de sujetarse los Tribunales de la Federación para substanciar y resolver tales controversias conforme al juicio de amparo, sea que se tramite en vía directa o indirecta.

Ahora bien, los artículos 103 y 107 constitucionales deben interpretarse en armonía con el artículo 1 de la Constitución. En este sentido, el juicio de amparo sigue siendo el mismo juicio de garantías de siempre, en gracia al cual se prueba día a día la vocación de los Tribunales de la Federación como órganos jurisdiccionales del Estado mexicano destinados a proteger los derechos humanos de todas las personas en territorio nacional.

A fin de esclarecer las condiciones necesarias para acceder y eventualmente obtener el amparo y protección de la Justicia de la Unión, la doctrina mexicana en materia de juicio de amparo distingue entre el interés simple, el interés jurídico y el interés legítimo. El interés simple no es suficiente para reclamarle a una autoridad del Estado el cumplimiento de un deber de garantía ante un órgano jurisdiccional. Sólo el interés jurídico y el interés legítimo son idóneos para la procedencia del juicio de amparo; es decir, únicamente tales tipos de interés fungen como presupuestos procesales de la acción de amparo. En este sentido, el interés jurídico y el interés legítimo constituyen formas diversas de afectación de derechos que remiten a garantías jurídicas de protección contrariadas por actos u omisiones de autoridad, incluso normas generales, en perjuicio de los gobernados.

De aquí que el juicio de amparo se siga siempre a instancia de parte agraviada. Precisamente, la parte agraviada o el agraviado es la parte a quien perjudica el acto de autoridad reclamado, esto es, el titular de un derecho subjetivo cuya esfera jurídica se ve afectada de manera directa, o bien, el titular de un interés legítimo individual o colectivo cuya esfera jurídica se ve afectada en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Igualmente, habría que considerar que, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir indefectiblemente ser titular de un derecho subjetivo afectado de manera personal y directa. Es decir, tratándose del amparo judicial, es necesario que el promovente alegue interés jurídico a fin de estar legitimado para ejercer la acción, así como acreditarlo para obtener una sentencia favorable.

En cuanto al interés legítimo, en particular, el Decreto de reformas y adiciones a la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2025 incorporó un segundo párrafo a la fracción I del artículo 5 de dicho ordenamiento con el propósito de clarificar un concepto que ha evolucionado en el ambiente jurídico mexicano al menos desde 1997, sobre todo en sede judicial, que ha sido por demás la principal fuente de referencia sobre el tema para la legislación y las normas constitucionales.

Conforme a la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo vigente, la afectación que alegue la persona quejosa a su esfera jurídica con motivo de una norma general, acto u omisión que viole sus derechos humanos debe ser real y actual, con independencia de que dicha afectación sea directa, como sucede tratándose del interés jurídico, o que, en el caso del interés legítimo, derive de la especial situación del quejoso frente al orden jurídico.

Ahora bien, la reforma adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 5 de la Ley en comento, precisamente en relación con el interés legítimo. La nueva disposición usa la expresión “lesión jurídica” como sinónimo de la “afectación” a que se refiere el primer párrafo. Asimismo, califica dicha lesión jurídica como “individual o colectiva”, de la misma manera en que en el párrafo primero se hace referencia al “interés legítimo individual o colectivo”.

Pero la reforma también señala que la lesión jurídica debe ser “real y diferenciada del resto de las personas”, lo cual supone que la anulación de la norma general, acto u omisión reclamado producirá un beneficio cierto y no meramente hipotético o eventual para la persona quejosa en caso de concedérsele el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Al respecto, el carácter “real” de la lesión jurídica ya estaba previsto en el párrafo primero precisamente como “afectación real”. De igual manera, la calificación de la lesión jurídica como “diferenciada del resto de las personas” también se encuentra en el párrafo primero al referirse a la afectación de la esfera jurídica de la persona quejosa “en virtud de su especial situación frente al orden jurídico”. Finalmente, la mención de “un beneficio cierto y no meramente hipotético o eventual” aparece en el primer párrafo cuando caracteriza la afectación como “actual”.

En este sentido, el segundo párrafo adicionado a la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo da más elementos para precisar la interpretación del primer párrafo en la porción relativa al interés legítimo. Si un analista quisiera ser riguroso, bien podría afirmar que la adición es redundante, pero, en todo caso, no podría sostener que es restrictiva, pues básicamente un párrafo y otro dicen lo mismo de maneras diferentes. Por otra parte, cabe tener presente que, en sus sentencias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había desarrollado criterios análogos que constan en la jurisprudencia que deben aplicar el resto de órganos jurisdiccionales en el país.

Como se ve, los justiciables y sus abogados podrán encontrar en la nueva reforma a la Ley de Amparo mayor certidumbre respecto del interés legítimo, así como los operadores judiciales podrán dictar sus resoluciones con mayor certeza. El gran reto para quienes acuden a los tribunales de amparo seguirá siendo acreditar los diversos elementos que componen el interés legítimo:
(i) un derecho humano violado por la norma general, acto u omisión de autoridad que se reclama;
(ii) una afectación real y actual a la esfera jurídica del promovente, que debe ser una lesión jurídica individual o colectiva, real y diferenciada;
(iii) la especial situación de la persona quejosa frente al orden jurídico, de tal manera que la anulación del acto reclamado produzca un beneficio cierto y no meramente hipotético o eventual.