La importancia del juicio de amparo
A lo largo de la historia encontramos muchos casos donde personas inocentes son condenadas. La posibilidad de que alguien sea imputado de un delito que no ha cometido o de ser afectado injustamente es una realidad latente. Parece que todo sistema legal debería tener como objetivo relevante que nadie inocente pueda ser tratado como si fuera culpable.
Hace muchos años ya, escuché una conferencia de un experimentado abogado penalista. Dentro de su exposición hizo una aseveración que resuena fuertemente en mi memoria: el antónimo de justicia es pobreza. Uno de los más débiles eslabones de un sistema judicial son siempre los sectores menos favorecidos, aquellos que no pueden pagar un abogado que lleve su defensa.
La civilización occidental ha venido desarrollando a través de los años mecanismos, al menos ese ha sido el propósito, que hagan más difícil la posibilidad de cometer una injusticia.
Desde mi perspectiva hay algunos elementos torales, dentro de un sistema legal, para salvaguardar a las personas de que puedan ser atacadas injustamente: la presunción de inocencia, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos.
La presunción de inocencia es la convicción de que es preciso demostrar la culpabilidad de alguien. No es lícito catalogar como responsable de una acción ilegal a una persona sin pruebas. Es insuficiente para fincar responsabilidades tener la intuición de culpabilidad se requiere para hacerlo mostrar datos duros que permitan probar la acusación que se le imputa. Ignorar este principio implica ya un principio de injusticia, pues la inocencia es algo que no se puede probar porque es imposible demostrar lo que no se hizo.
De otra parte, está el debido proceso: la necesidad de que el modo de demostrar la culpa se haga mediante medios lícitos y siguiendo un proceso jurídico claro. Por ello, no se deben emplear recursos al margen de la ley para obtener pruebas, ni es debido tampoco sentenciar a una persona sin asegurarse de que ha contado con todos los medios para la defensa de su caso.
Tanto la presunción de inocencia como el debido proceso adquieren una especial fuerza cuando quien acusa es el Estado. La política descansa sobre la fuerza de la razón por encima del poder coactivo. Un Estado necesita frenos al ejercicio de su poder, de lo contrario puede con facilidad caer en el autoritarismo, en el uso discrecional de sus facultades y en la falta de rendición de cuentas. El juicio de amparo es uno de los principales recursos con que cuenta ciudadano para limitar este uso arbitrario del poder por parte del Estado. Es un dique para garantizar que los actos del poder se ciñan al respecto irrestricto de los derechos del ser humano. Ciertamente, el juicio de amparo puede entorpecer la acción del estado y, en ocasiones, no tener razón el ciudadano. También es posible que sea el estado quien no tenga la razón y gracias al amparo no quede el ciudadano en un estado de indefensión o padezca consecuencias irreparables frente al inmenso poder del estado.
No cabe duda de que no hay sistema jurídico infalible y, por lo mismo, caba siempre la posibilidad de que un culpable quede impune. También es verdad que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, sea posible condenar a un inocente. La tarea civilizatoria del Derecho es tratar de preservarnos lo más posible de cometer una injusticia. Es mejor que haya culpables libres inocentes presos. Ya lo decía Sócrates, es mejor padecer una injusticia que cometerla. El juicio de amparo es de máxima relevancia porque permite darle voz al más débil e impedir que el poder se vuelva omnímodo.
