La crítica jurídica más allá del “wokismo jurídico”
El debate contemporáneo (la “batalla cultural”) en torno a la “ideología woke” en Estados Unidos es, en principio, una discusión local y de coyuntura (entre demócratas y republicanos por disputas electorales) que ha sido extrapolada a contextos muy diversos. Se trata de una controversia ideológica de orden parroquial, que sucede al interior del discurso liberal y responde a una forma específica de sociedad capitalista, cuyos fundamentos no cuestiona. En España y otros países de América Latina, se usa la expresión “progre” o “progresismo” para referirse a quienes defienden políticas identitarias y de reconocimiento (la “agenda woke”) sin pretensiones postcapitalistas. Los “gobiernos progresistas” de la región revindican los derechos humanos e incluso la soberanía nacional en contra del neoliberalismo, pero no ponen en duda la propiedad privada sobre los medios de producción. Desde la “nueva derecha” se asocia torpemente el “wokismo” con el “marxismo cultural” y el “socialismo moral” a fin de asimilar el “movimiento woke” con tradiciones políticas de izquierda. En todo caso, el resultado ha sido una “izquierda” que no sólo renuncia a Marx sino particularmente a la transformación radical de las condiciones materiales de la vida social: una “izquierda” sin pensamiento crítico y sin revolución.
Si bien el “wokismo” se volvió central en la cultura política, es necesario reconocer que los cambios económicos y geopolíticos sucedidos o en proceso dentro del mercado mundial capitalista, que apuntan incluso a una crisis de hegemonía, han puesto en vilo la “ideología woke”. Los centros de poder que impulsaron su financiamiento e institucionalización han comenzado un viraje significativo: Estados Unidos ya no paga el “activismo woke” ni su divulgación, pues, la emergencia y consolidación de China en el mercado mundial ha obligado al imperio a echar atrás estrategias de intervencionismo y configuración del universo capitalista que hace poco parecían irreversibles. En este sentido, el “globalismo woke” muestra signos evidentes de agotamiento.
Por otro lado, la izquierda anticapitalista comprometida con la transformación de la base material del mundo moderno rechaza las premisas del “wokismo” por considerarlas una desviación burguesa que invisibiliza las relaciones de explotación que tienen lugar a nivel de la producción de mercancías bajo el dominio del capital industrial. La “ideología woke” sería algo así como progresismo sin conciencia de clase o derechos humanos sin revolución. La “nueva izquierda” de la década de los sesenta contribuyó a la formación de la “cultura woke”, pues sostenía que la clase obrera había perdido su potencial revolucionario frente a las políticas de bienestar, que habían logrado su integración al capitalismo industrial avanzado mediante la satisfacción ilusoria de sus necesidades; por lo que el sujeto de la historia ahora se conformaría con actores sociales que responden a agendas multidimensionales: de opresión transversal y cotidiana, no sólo de talante economicista.
Tampoco es casualidad que los ideólogos del “wokismo” asuman como premisas ciertos planteamientos de la filosofía posmoderna, sobre todo en cuanto a la reivindicación de identidades fragmentadas (políticas del reconocimiento), la crítica del lenguaje binario (regulación del discurso de odio) y la denuncia de dinámicas de opresión múltiples (interseccionalidad), que, en su momento, sirvieron para justificar racionalmente la emergencia de agentes particulares con exigencias sectoriales dirigidas al Estado, en tanto conciliador de los múltiples intereses particulares que confluyen en la sociedad civil, y no más desde la perspectiva del proletariado en un horizonte revolucionario que apuntara a erradicar la lucha de clases y la mismísima forma estatal.
En este sentido, la “ideología woke” es un discurso posmarxista (realmente antimarxista) que, además de neutralizar, desplazar y poner en suspenso la crítica radical, inmanente, estructural y sistemática contra el modo de producción capitalista, opera como un mecanismo de legitimación y encubrimiento de las contradicciones fundamentales de la sociedad burguesa. Una especie de reformismo meramente estético. Al sustituir la contradicción capital-trabajo por una multiplicidad de demandas singulares, debilita la unidad política del proletariado e incide en una forma sofisticada de fetichismo de la mercancía, en tanto que las relaciones sociales de dominación y explotación quedan ocultas tras la reificación de identidades abstractas que circulan en el mercado simbólico del consumo cultural.
Frente a este escenario cabe preguntarse: ¿existe formalmente un “Derecho woke”? En términos académicos, no existe una rama autónoma ni un sector del ordenamiento jurídico que reciba esa denominación, al modo en que se delimitan el Derecho fiscal, laboral, constitucional, civil o penal. Sin embargo, el “wokismo” opera como un marco ideológico de referencia para la producción, interpretación y aplicación del orden jurídico positivo, por lo que su impacto ha sido múltiple y transversal. Esto es, no hay una clase de “Derecho woke”, pero sí hay por doquier profesores, juristas y abogados woke.
La “ideología woke” constituye un programa político y corporativo (diversidad, equidad e inclusión) que condiciona la perspectiva hermenéutica de los operadores jurídicos, incluidas la orientación de las determinaciones y las metodologías al uso, pues ha permeado no sólo en los debates universitarios y en las discusiones públicas sobre leyes, políticas públicas y sentencias, sino en el sentido común de amplios sectores de la comunidad jurídica nacional, en virtud de la influencia de las movilizaciones sociales, las prácticas empresariales y el sistema jurídico norteamericano.
El “wokismo jurídico” es una forma de entender el Derecho conforme a la cual las autoridades, los litigantes, las organizaciones no gubernamentales y las escuelas de jurisprudencia abordan, entre otros, problemas relativos a la igualdad de género, la autodeterminaicón y la libertad de expresión, con un enfoque centrado en la tutela de grupos sociales históricamente invisibilizados o excluidos por la arquitectura universalista del ordenamiento burgués tradicional. De cierta manera, el “wokismo” es una forma extrema de subjetivismo multiculturalista enmarcada en la variante igualitarista del liberalismo. El problema es que dicha tutela no cuestiona la estructura económica de la sociedad moderna, pero sí desdibuja la pertenencia del conjunto de los orpimidos a una macrocategoría histórica innegable: la humanidad proletarizada.
La proliferación de nuevos catálogos de derechos, la implementación de esquemas de impacto diferenciado y la adopción de técnicas como la ponderación de principios coinciden con la agenda del “movimiento woke”, que aglutina luchas sectoriales y desarticuladas en favor de grupos específicos bajo el discurso de la no discriminación. Las normas sobre derechos humanos se leen y atienden hoy desde el prisma de la “cultura woke”, construida en torno a grupos identitarios sin conciencia de clase. De hecho, los contenidos del “wokismo” en el ámbito legal suelen presentarse como una ampliación progresista de la justicia social y como un catalizador de las reivindicaciones del indigenismo y el ecologismo. Incluso, activistas y académicos refinados en el campo del Derecho han asumido la “ideología woke” bajo el ropaje de conceptos presuntamente innovadores para la teoría social, pero de talante francamente antimarxista.
La flexibilización y la manipulación de las garantías vinculadas con la seguridad jurídica redundan, en última instancia, en perjuicio de los desposeídos y explotados. La renuncia a la universalidad de los derechos y la negación explícita o implícita de la lucha de clases en las esferas económica, política y cultural desarman la crítica contra el capital. Las causas emancipatorias en favor de las mujeres, de la diversidad sexual, de las comunidades originarias, de las poblaciones afrodescendientes, de las personas con discapacidad o de la protección del ambiente no requieren la envoltura ideológica ni el filtro de la falsa corrección política que impone el “discurso woke”. Los derechos fundamentales que el capitalismo degrada y destruye, incluidos los derechos de la clase trabajadora, pueden defenderse sin recurrir al “wokismo jurídico”, repleto de particularismos identitarios, demandas de representación dentro de la estructura económica existente y agendas meramente simbólicas.
Las políticas de inclusión del liberalismo no constituyen una crítica radical del capitalismo sino un cuestionamiento a los modos de vida que impone el capital. En cualquier caso, las conquistas sociales y los derechos efectivamente garantizados no perdurarán por la solidez teórica o la hegemonía discursiva del “wokismo”, sino en función de la correlación material de fuerzas en la sociedad capitalista. Su permanencia no depende de la sofisticación de la retórica de la identidad, sino de su condición objetiva como producto histórico del conflicto entre clases. La legitimidad de las luchas sociales en contra de la opresión intersectorial no está en duda, son combates de los desposeídos por derechos y libertades, cuyo alcance revolucionario se potencializa cuando se articulan y construyen como reivindicaciones de clase en contra de la enajenación del mundo del capital.
