La deuda histórica con la salud hospitalaria del Edomex
El Estado de México (EMX) representa la mayor paradoja del federalismo sanitario mexicano. Es la entidad más poblada de la República, con más de 18 millones de habitantes, concentra cerca del 14 por ciento de la población nacional y forma parte de la región metropolitana más grande de América Latina. Sin embargo, esa realidad demográfica no encuentra correspondencia en la infraestructura hospitalaria de alta especialidad disponible para atender a su población.
Durante décadas, la planeación hospitalaria nacional respondió más a inercias administrativas que a criterios objetivos de población, crecimiento urbano y necesidades epidemiológicas. El resultado fue una profunda desigualdad territorial: mientras la Ciudad de México concentró buena parte de los hospitales nacionales, institutos y centros médicos de alta especialidad, millones de mexiquenses quedaron obligados a trasladarse diariamente a la capital del país para recibir tratamientos oncológicos, neuroquirúrgicos, cardiovasculares, pediátricos o de trasplantes.
No se trata de un problema menor. La infraestructura hospitalaria constituye uno de los componentes esenciales del derecho humano a la protección de la salud establecido en el artículo 4º de la Constitución. Cuando la oferta de servicios altamente especializados resulta insuficiente para atender a la población, el acceso efectivo a ese derecho termina dependiendo de la capacidad económica de las familias para desplazarse, hospedarse o enfrentar largos periodos de espera.
La transformación del sistema nacional de salud emprendida por la presidenta Claudia Sheinbaum abre una oportunidad histórica para corregir esa inequidad. Después de décadas en que la inversión pública en salud fue contenida bajo criterios de austeridad neoliberal, hoy existe la posibilidad de construir una política de infraestructura hospitalaria sustentada en la justicia social y la igualdad territorial.
El criterio debe ser sencillo y profundamente democrático: la inversión pública debe guardar una relación directamente proporcional con la población que atiende. Si el Estado de México (EMX) concentra la mayor cantidad de habitantes del país, resulta lógico que concentre también una parte significativa de la inversión federal y estatal destinada a hospitales de tercer nivel y alta especialidad.
No basta con ampliar clínicas de primer nivel o fortalecer hospitales generales. El crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población y el incremento de enfermedades crónicas demandan hospitales capaces de realizar procedimientos altamente complejos, desarrollar investigación médica, formar especialistas e incorporar las tecnologías más avanzadas para el diagnóstico y tratamiento.
El Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango demostró que es posible construir instituciones de excelencia médica fuera de la Ciudad de México. Sin embargo, un solo hospital, construido bajo la desigual lógica neoliberal de la APP, resulta claramente insuficiente para atender las necesidades de una entidad cuya población supera incluso a la de numerosos países de América Latina.
La planeación sanitaria del futuro debe considerar una red regional de hospitales de alta especialidad estratégicamente distribuidos en los principales corredores metropolitanos del Estado de México (EMX). El Valle de Toluca, la zona oriente, el corredor Cuautitlán-Tultitlán-Tepotzotlán, la región Ecatepec-Texcoco, el sur mexiquense y la región de Zumpango requieren centros hospitalarios capaces de resolver las enfermedades más complejas sin obligar a los pacientes a desplazarse a otras entidades.
Esta política tendría múltiples beneficios. Reduciría la saturación de los hospitales nacionales ubicados en la Ciudad de México; disminuiría los costos económicos y sociales para las familias; fortalecería la formación de médicos especialistas; impulsaría la investigación clínica; generaría miles de empleos altamente calificados y consolidaría al Estado de México (EMX) como uno de los principales polos nacionales de innovación médica.
Pero, además, tendría un profundo significado político. Representaría el reconocimiento de una deuda histórica con millones de mexiquenses que durante décadas financiaron, mediante sus contribuciones, un sistema hospitalario cuya capacidad instalada se concentró fuera de su territorio.
La coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México (EMX) resulta indispensable para hacer realidad este objetivo. La salud no puede seguir dependiendo de la geografía ni del código postal de las personas. El acceso a la alta especialidad debe convertirse en un derecho efectivamente garantizado para todos.
La Cuarta Transformación ha demostrado que las grandes obras públicas pueden modificar estructuralmente la vida de millones de personas. Hoy corresponde emprender una transformación equivalente en la infraestructura hospitalaria del Estado de México EMX).
La inversión en hospitales de tercer nivel no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión estratégica en desarrollo humano, productividad, innovación científica y cohesión social. Cada hospital construido representa miles de vidas salvadas, cientos de miles de consultas especializadas, nuevas oportunidades para la investigación médica y mejores condiciones de vida para generaciones enteras.
La historia juzga a los gobiernos no solo por la estabilidad macroeconómica que alcanzan, sino por las instituciones públicas que dejan para las siguientes generaciones. Un Estado de México (EMX) con una red moderna de hospitales de alta especialidad sería una de las obras de mayor trascendencia social del nuevo Estado de bienestar que México está construyendo.
Ha llegado el momento de que la planeación hospitalaria abandone la lógica de la inercia y adopte el principio de proporcionalidad demográfica. Donde vive el mayor número de mexicanos debe existir también la mayor capacidad para proteger su salud. Esa no sólo es una exigencia técnica; es, sobre todo, un imperativo de justicia social.
