La deuda pública más alta en la historia de México, el legado de Peña

Para cumplir promesas vacías, nueva administración obligada a dramática reestructuración del gasto


Les deseo una productiva semana, amig@s de Quadratín!

El presidente Enrique Peña entregará a su sucesor un país con la deuda pública más alta de su historia.

En 2012 los pasivos equivalían a 37.7% del Producto Interno Bruto (PIB); para 2013, durante el primer año de ejercicio de su administración, ya había llegado a 40.4%; en 2014, a 43.1% y en 2015 a 47.3%.

El saldo más alto de la deuda pública se alcanzó en 2016, cuando representó 50.1% del PIB nacional, por lo que ante la presión pública y de las calificadoras internacionales para mejorar las cifras, el gobierno priísta tuvo que emprender un agresivo programa de reducción mediante pagos adelantados.

Así, en 2017 se redujo a 48% y podríamos cerrar 2018 en 45.9%, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Pese a ello, durante la administración de Peña Nieto la deuda pública habrá crecido 30%.

Para junio de 2018, la SHCP registró en 10.7 billones de pesos la deuda pública bruta, que significan 45.9% del PIB, cuestión preocupante porque nuestro país ha afrontado crisis severas a causa de sus pasivos.

Los especialistas advierten que el incremento sostenido de la deuda pública tiene su origen, entre otros elementos, en el deterioro de la economía mexicana con respecto a las economías metropolitanas y, concretamente, la de Estados Unidos de América; y en la emisión de deuda pública para el pago de intereses y amortización.

El artículo 73, fracción VIII, sección 1ª, de la Constitución establece que ningún empréstito puede contratarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos (infraestructura productiva) o con propósitos de regulación monetaria y las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda.

No obstante, al cierre de 2017 el gasto de capital registró una caída de 36.7%, una baja también histórica, y para el cierre de 2018 el panorama será aún más crítico.

Desafortunadamente el incremento de los empréstitos se ha ido a la reestructuración y las exiguas obras de infraestructura se han realizado mediante contratos de asociación público-privada, figura utilizada para adquirir una deuda pública soterrada y descontrolada.

Para complicar las cosas, las asociaciones público-privadas conllevan la intensificación de la sobreexplotación de la sociedad, debido a los altos cobros de administración de las infraestructuras construidas en gran porcentaje con recursos públicos, pero administradas por empresas privadas, aunado a la poca transparencia en la construcción, diseño y administración que genera, entre otros, sobrecostos y aumento del plazo de la construcción y concesión para su explotación, situación que se traduce en mayores mermas al erario.

De esta manera, el presupuesto público se ha convertido en una fuente de acumulación de grandes capitales por los empresarios amigos del priísmo.

Frente a estas presiones, la nueva administración federal tendrá que implementar una dramática reestructuración del gasto público para afrontar sus compromisos:

El apoyo mensual universal para adultos mayores y discapacitados, el programa de becas para jóvenes, bajar el impuesto a la gasolina, construir una refinería y rehabilitar las otras, el plan de desarrollo para el Istmo de Tehuantepec, el tren maya, ampliar la infraestructura digital, construir nuevas universidades públicas, atención médica y medicamentos gratuitos, entre otras vacías promesas de campaña.