Asesinan a golpes a jovencita en Toluca
CIUDAD DE MÉXICO, 31 de marzo de 2017.- Luego de la presentación del Informe Anual 2106 del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, sin menoscabar otros temas importantes, priorizó cinco: la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, la erradicación de la desaparición forzada, el trato digno a migrantes, la defensa de niños y la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Ante el Ombudsman nacional, Peña Nieto hizo un llamado a las instituciones públicas y privadas, Poderes de la Unión, órdenes de gobierno y sociedad en su conjunto a asumir la parte que les corresponde.
Sobre el Informe Anual 2106 de los Derechos Humanos, aseveró que es un referente obligado para saber cómo va México y qué falta por atender.
Por ello, refrendó el compromiso “firme e indeclinable” del Gobierno federal con el respeto a los derechos humanos.
Peña Nieto coincidió con González Pérez sobre que la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales están ligados a la debida y oportuna observancia y aplicación de la ley.
“La mejor manera de garantizar la dignidad humana es aplicando la ley; para que se aplique, México requiere de instituciones fuertes. La impunidad lastima y violenta a la sociedad, erosiona los valores compartidos y mina la convivencia pacífica entre los mexicanos”, expresó al referir que un país sin leyes e instituciones fuertes es vulnerable y una nación desprotegida frente al delito y la violencia.
Sobre los recientes ataques a periodistas y defensores de los derechos humanos en los estados de Chihuahua, Guerrero y Veracruz, el Presidente de la República calificó de inaceptable que una persona sea atacada por proteger a personas o por hacer uso de su libertad de expresión.
“Un agravio a un periodista o a un defensor de derechos humanos es una afrenta a la sociedad en su conjunto”, dijo.
Desde la Residencia Oficial de Los Pinos, Peña Nieto subrayó que se debe hacer una revisión al diseño y operación de los mecanismos del Estado mexicano para la protección de periodistas y activistas, y fortalecer instrumentos y acciones de proyección en el ámbito federal y local.
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