La Ley FEND Off Fentanyl Act y las reformas a la a la Ley LFPIORPI
La Ley FEND Off Fentanyl Act, promulgada en abril de 2024, representa una de las herramientas más potentes del gobierno estadounidense para combatir el lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo y opioides sintéticos. Esta ley amplía las facultades de FinCEN para designar instituciones financieras extranjeras como de preocupación principal en materia de lavado de dinero cuando faciliten el tráfico ilícito de opioides, permitiendo prohibir o condicionar directamente las transferencias de fondos mediante orden administrativa.
El primer uso histórico de esta autoridad ocurrió el 25 de junio de 2025, cuando FinCEN emitió órdenes contra tres instituciones financieras mexicanas. Las medidas prohibieron a las entidades estadounidenses realizar transferencias de fondos hacia o desde estas instituciones. Aunque generaron alerta inicial, FinCEN extendió en varias ocasiones la entrada en vigor (hasta el 20 de octubre de 2025), reconociendo los avances de México. La autoridad regulatoria intervino temporalmente la gestión de las entidades para reforzar sus programas de cumplimiento.
Esta acción de FinCEN actuó como catalizador para la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. Entre los principales cambios destacan que se destacan están los del Fortalecimiento en la identificación y verificación del beneficiario controlador (artículos 33 Bis, Ter y Quáter), con obligaciones más estrictas de transparencia en personas morales, la ampliación de la diligencia debida (simplificada, estándar y ampliada), especialmente con Personas Políticamente Expuestas (PEP), el aumento del plazo de conservación de expedientes de 5 a 10, la incorporación de mecanismos automatizados obligatorios para el monitoreo de operaciones, la actualización de umbrales en Unidades de Medida y Actualización (UMA) y ampliación del catálogo de actividades vulnerables y por último las mejoras en la supervisión basada en riesgos y en el intercambio de información con autoridades.
Estas modificaciones, complementadas con la reforma al Reglamento de la LFPIORPI en marzo de 2026, buscan alinear a México con los estándares del GAFI de cara a su evaluación mutua, reforzando la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Desde mi perspectiva como especialista en PLD, las reformas no solo responden a la presión externa de FinCEN, sino que cierran brechas estructurales en la identificación de beneficiarios reales, el monitoreo transfronterizo y la cultura de cumplimiento. La colaboración entre FinCEN, la UIF y la CNBV ha incrementado el intercambio de inteligencia, facilitando el bloqueo de estructuras ilícitas.
En síntesis, la combinación de la Ley FEND Off Fentanyl Act y las reformas a la LFPIORPI marca un antes y un después. Para los sujetos obligados, el mensaje es claro, se requieren programas de PLD más robustos, con mayor uso de tecnología y análisis de riesgos reales.
El reto para 2026 es implementar efectivamente estos cambios y convertir la presión externa en una fortaleza permanente del sistema financiero mexicano.
