La Política Mexiquense

• El silencio de la Fiscalía mexiquense
• Omar Ortega, del PRD, calló ante su llegada

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, ha implementado dos operativos contra la delincuencia. El primero, denominado Operativo Enjambre, tiene como objetivo perseguir a personas coludidas con el poder público. Gracias a este esfuerzo, más de 50 personas han sido detenidas, entre ellas, dos exalcaldesas de Amanalco y Santo Tomás, así como el alcalde electo de este último municipio.

Como parte de este operativo, 23 servidores públicos, entre mandos operativos y personal de tropa, fueron arrestados. Todos enfrentan acusaciones de facilitar actividades delictivas y de mantener vínculos con el crimen organizado.

El segundo operativo, Atarraya, está dirigido al combate del narcomenudeo. Hasta la fecha, más de 500 negocios, entre chelerías y fondas ubicadas en 55 municipios, han sido intervenidos por presuntas vinculaciones con el crimen organizado. En su última fase, 312 barberías fueron aseguradas, al ser identificadas como posibles puntos de venta de droga o centros de reunión para actividades ilícitas.

No obstante, en redes sociales circulan tres videos donde se observa a elementos de seguridad lanzando sobres con polvo blanco dentro de los locales asegurados. Estas imágenes han puesto en duda la legitimidad del operativo y han restado credibilidad a las acciones emprendidas.

¿Cuándo ofrecerá disculpas Cristóbal Castañeda a la ciudadanía por estos abusos? En respuesta, barberos afectados realizaron manifestaciones en la caseta de Tepotzotlán, sobre la autopista México-Querétaro, y en municipios como Naucalpan, Toluca, Ecatepec y Nicolás Romero, donde atendieron a sus clientes en la vía pública.

El silencio de Omar Ortega, del PRD

En cuanto a Santo Tomás, es imperativo que los legisladores tomen medidas para evitar que casos similares se repitan. María del Rosario y Pedro Luis, exalcaldesa y alcalde electo, respectivamente, fueron respaldados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sin embargo, hasta ahora, no se ha cuestionado la responsabilidad moral de este partido por postular a personajes que, lejos de servir a la ciudadanía, han incurrido en actos de corrupción.

¿Acaso el acuerdo entre Omar Ortega y Agustín Barrera fue tan ventajoso que prefirieron ignorar las evidencias? Una cosa es respaldar a un candidato que, ya en funciones, incurre en ilícitos sin el conocimiento de su partido, pero otra muy distinta es que los propios postulados resulten ser los verdaderos delincuentes.

Es urgente que, así como existen mecanismos para evaluar la confianza en los cuerpos policiacos, también se implementen controles rigurosos para quienes aspiran a ejercer un cargo público y representar a la ciudadanía con honorabilidad.

Nos leemos la próxima.