
Claudia Sheinbaum y el principio del fin: Dignidad, justicia y paz para México
Derivado del famoso operativo “Atarraya”, mediante el cual la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cerró distintos bares y chelerías en distintos municipios del Estado de México donde presuntamente se realizaban actividades ilícitas como la venta de estupefacientes, pues ahora resulta que fueron dados de baja y destituidos dos servidores públicos de esa misma dependencia por exigir un millón de pesos a los propietarios de un bar en Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, a cambio de retirar los sellos de clausura que dejaron puestos desde hace varias semanas.
Los corruptos funcionarios fueron identificados como Julio César Rodríguez Martínez, quien se desempeñaba como Fiscal Regional en Naucalpan, y Osvaldo Portales Pardo, Jefe de la Unidad de Mesas de Trámite en el mismo municipio, quienes solicitaron al propietario de ese negocio un millón de pesos, en efectivo, a cambio de retirar los sellos de clausura y permitirle reiniciar sus actividades comerciales.
Los exservidores públicos fueron evidenciados con un video del momento en que realizaban la extorción al empresario, el cual fue proporcionado por él mismo ante la autoridad ministeriales; se inició proceso penal en su contra por el delito de extorsión y uso indebido de funciones. ¿Cuántos más habrá en la misma situación derivado del fallido operativo supuestamente anticorrupción?
¿Responderá UAEMéx a orden de juez?
Será este lunes cuando la Universidad Autónoma del Estado de México responda formalmente al juez federal que emitió el amparo a favor de la aspirante a la Rectoría, Laura Benhuemea, mediante el cual solicitó que la Comisión Especial Electoral autorizara la participación de la exdirectora de la Facultad de Ciencias Políticas en el proceso de elección de la próxima presidenta del Consejo Universitario.
La institución fijará su postura y aclarará si permite la participación de Laura Benhumea en el proceso, quien, en caso de serle favorable el resolutivo, saldría con una clara desventaja, pues el resto de las participantes llevan poco más de dos semanas en actividades de promoción ante la comunidad universitaria y promocionándose en medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.
Aunque pareciera que responder a la instrucción del juez federal le ha llevado mucho tiempo a la casa de estudios, ésta no ha hecho otra cosa que hacer uso de los derechos que le confieren la ley y, aunque usted no lo crea, está a tiempo para responder en tiempos legales a lo que el proceso legal le marca.
Nos leemos en la próxima.
La Política Mexiquense
Redacción / Quadratín Edomex
Derivado del famoso operativo “Atarraya”, mediante el cual la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cerró distintos bares y chelerías en distintos municipios del Estado de México donde presuntamente se realizaban actividades ilícitas como la venta de estupefacientes, pues ahora resulta que fueron dados de baja y destituidos dos servidores públicos de esa misma dependencia por exigir un millón de pesos a los propietarios de un bar en Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, a cambio de retirar los sellos de clausura que dejaron puestos desde hace varias semanas.
Los corruptos funcionarios fueron identificados como Julio César Rodríguez Martínez, quien se desempeñaba como Fiscal Regional en Naucalpan, y Osvaldo Portales Pardo, Jefe de la Unidad de Mesas de Trámite en el mismo municipio, quienes solicitaron al propietario de ese negocio un millón de pesos, en efectivo, a cambio de retirar los sellos de clausura y permitirle reiniciar sus actividades comerciales.
Los exservidores públicos fueron evidenciados con un video del momento en que realizaban la extorción al empresario, el cual fue proporcionado por él mismo ante la autoridad ministeriales; se inició proceso penal en su contra por el delito de extorsión y uso indebido de funciones. ¿Cuántos más habrá en la misma situación derivado del fallido operativo supuestamente anticorrupción?
¿Responderá UAEMéx a orden de juez?
Será este lunes cuando la Universidad Autónoma del Estado de México responda formalmente al juez federal que emitió el amparo a favor de la aspirante a la Rectoría, Laura Benhuemea, mediante el cual solicitó que la Comisión Especial Electoral autorizara la participación de la exdirectora de la Facultad de Ciencias Políticas en el proceso de elección de la próxima presidenta del Consejo Universitario.
La institución fijará su postura y aclarará si permite la participación de Laura Benhumea en el proceso, quien, en caso de serle favorable el resolutivo, saldría con una clara desventaja, pues el resto de las participantes llevan poco más de dos semanas en actividades de promoción ante la comunidad universitaria y promocionándose en medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.
Aunque pareciera que responder a la instrucción del juez federal le ha llevado mucho tiempo a la casa de estudios, ésta no ha hecho otra cosa que hacer uso de los derechos que le confieren la ley y, aunque usted no lo crea, está a tiempo para responder en tiempos legales a lo que el proceso legal le marca.
Nos leemos en la próxima.