La última columna que sostenía nuestra decencia

El escándalo del examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no pertenece solo a la sección universitaria. Pertenece a la historia más amplia de un país que ha aprendido a tolerar la degradación mientras sigue pronunciando la palabra mérito como si aún significara lo mismo. Detrás de las respuestas sospechosas, los puntajes atípicos y la sombra de la trampa digital aparece una pregunta más antigua y más grave: qué queda de una república cuando hasta sus rituales de justicia empiezan a parecer negociables.

Durante décadas, la UNAM fue una de las pocas instituciones que todavía podían nombrarse sin ironía. No era solo una universidad: era una promesa civilizatoria. En un país donde demasiadas puertas se abren por apellido, contacto, padrino, mordida o cercanía con el poder, la UNAM sostenía una excepción luminosa: la posibilidad de que un joven entrara por lo que sabía, no por la mano que lo empujaba desde fuera.

Por eso el golpe toca una fibra más profunda que la indignación pasajera. Las presuntas irregularidades en el proceso de admisión no solo dañan la credibilidad de una prueba; contaminan una idea. La idea de que la educación pública todavía podía ser el último territorio donde la disciplina venciera al privilegio, donde la pobreza no fuera sentencia y donde el esfuerzo no tuviera que pedir permiso al dinero.

La tragedia no está sólo en quienes hicieron trampa, si la hicieron, ni en quienes vendieron accesos, si los vendieron, ni en quienes miraron tarde lo que debieron prever antes. La tragedia está en que el país ya no se sorprende del todo. Hemos normalizado tanto el atajo que incluso la palabra fraude parece llegar cansada, como si viniera de caminar por demasiadas oficinas, campañas, contratos, juzgados y ventanillas.

La corrupción no empieza cuando alguien copia en un examen. Empieza cuando una sociedad enseña que el vivo vale más que el justo, que el cínico llega más lejos que el decente y que el castigo es una rareza reservada para quienes no tienen protección. Empieza en la fila que se rompe, en el trámite que se compra, en la campaña que reparte favores públicos como si fueran caridad privada, en la familia que llama 'listo' al hijo que aprendió a burlar la regla.

La corrupción no entra por la puerta principal: se filtra como humedad. Primero mancha una esquina, luego ablanda el muro, después todos se acostumbran al olor. Así se pudre una república: no con un solo escándalo, sino con la acumulación paciente de pequeñas rendiciones morales que un día se vuelven paisaje.

Octavio Paz llamó al Estado mexicano un “ogro filantrópico”: una criatura capaz de alimentar y someter al mismo tiempo, de repartir beneficios mientras exige obediencia, de convertir el favor en disciplina. Esa intuición sigue viva porque México conserva una relación enfermiza con el poder: lo denuncia cuando está enfrente, lo disculpa cuando reparte, lo teme cuando castiga y lo idolatra cuando promete protección.

La narcocultura y la glorificación de la riqueza instantánea no son la causa única de esta crisis, pero sí su banda sonora. En ellas se escucha una pedagogía feroz: la biografía no importa, el origen del dinero no se pregunta, la violencia puede ser estilo, la fama puede reemplazar a la virtud y el lujo puede funcionar como absolución. El mensaje es brutal: no importa cómo llegaste, siempre que llegues arriba.

Un país no se rompe cuando sus jóvenes escuchan canciones incómodas; se rompe cuando ya no encuentra una cultura más poderosa para disputarles el alma. Cuando la escuela no promete futuro, cuando la política premia al tramposo y cuando la justicia se arrodilla ante el dinero, el corrido no inventa la degradación: apenas la narra con ritmo.

La misma lógica que corroe un examen puede corroer una elección: cuando el resultado deja de depender de reglas comunes y empieza a depender de quién controla la llave de entrada, la confianza pública se vuelve una ficción conveniente.

La crisis universitaria obliga, inevitablemente, a mirar la política. El examen y la elección son dos rituales de confianza. En uno se decide quién merece entrar a una institución; en la otra se decide quién merece administrar el destino común. Cuando cualquiera de esos rituales se contamina, la comunidad recibe el mismo mensaje: las reglas existen, pero pueden doblarse para quien tiene dinero, estructura, información o poder.

Por eso la reelección municipal debe mirarse con una sospecha republicana. En el papel puede llamarse continuidad; en la práctica puede convertirse en una fábrica de ventaja. Un gobernante que compite desde la nómina, el presupuesto, la propaganda y la cercanía con los programas públicos no se enfrenta a sus adversarios: los administra desde arriba.

No hay democracia donde el poder compite contra ciudadanos desarmados de poder. La urna deja de ser juicio y se vuelve ceremonia. El voto deja de castigar y aprende a agradecer. La ciudadanía deja de elegir y empieza a sobrevivir. Así mueren las democracias pequeñas: no siempre con soldados en las calles, sino con presupuestos usados como cadenas y lealtades financiadas con dinero público.

Si el fraude académico se confirma en toda su dimensión, no solo habrá víctimas entre quienes perdieron un lugar. También las habrá entre quienes lo ganaron limpiamente y ahora cargan una sospecha que no pidieron. Habrá víctimas entre los profesores que aún creen en la universidad pública, entre las familias que hipotecaron tiempo y esperanza, entre los estudiantes que hicieron del estudio una forma de resistencia.

Cuando se quiebra la confianza, el daño no se queda en el culpable: salpica al inocente, desprestigia al mérito y vuelve sospechosa la honestidad.

Pero la pregunta más incómoda rebasa a la UNAM: ¿qué cultura estamos produciendo? Una cultura donde la ley estorba, la decencia da risa, la fama absuelve, el dinero purifica y el poder protege. O una cultura donde volver a hacer lo correcto no parezca una forma de ingenuidad sino una condición mínima para vivir juntos sin devorarnos.

La ética tribal es la tumba de la vida pública. Condenar al enemigo por lo que se perdona al aliado no es lealtad: es corrupción moral con bandera. México ha perfeccionado ese cinismo. La ilegalidad indigna si viste los colores contrarios; se vuelve estrategia si sirve a los propios. Así no se construye una república. Así se reparte el cadáver de la república entre facciones que todavía se llaman patriotas.

México no necesita más sermones: necesita consecuencias. Consecuencias para quien compra respuestas, vende accesos, trafica influencias, desvía recursos públicos, convierte programas sociales en cadenas electorales o protege corruptos con el pretexto de la lealtad. Una sociedad que no castiga la trampa termina enseñándola. Una república que no sanciona el abuso termina organizándolo.

La UNAM todavía puede salvar su autoridad moral, pero solo si abandona la tentación burocrática de administrar el escándalo. Tiene que investigar sin cálculo, explicar sin soberbia, sancionar sin miedo y proteger sin ambigüedad a quienes hicieron las cosas bien. Una institución no se honra escondiendo la herida; se honra impidiendo que la herida se convierta en costumbre.

El verdadero examen no lo presentaron los aspirantes: lo está presentando México. La pregunta final no está en una pantalla ni en una hoja de respuestas. Está en la conciencia pública: si todavía sabemos distinguir entre ganar y merecer, entre obedecer y participar, entre pertenecer a un partido y pertenecer a una república, entre la astucia del tramposo y la dignidad del ciudadano.

Si México responde mal, no perderá solamente una universidad limpia ni una elección justa. Perderá algo más antiguo que sus instituciones y más frágil que sus leyes: la vergüenza.