Las extradiciones no bastan

Es tal la extensión de los grandes cárteles del crimen organizado que circunscribir sus alcances al narcotráfico es una reducción que impide valorar con profundidad su magnitud y el nivel de urgencia que se requiere para impedir su crecimiento y poner un freno decidido a su poder. La cantidad de dinero que generan y mueven, el número de personas involucradas y la penetración que sus acciones implican hacen que sus redes se extiendan a ámbitos del gobierno. Los cárteles establecen estructuras de poder similares a las de un Estado, cobran cuotas para que las personas puedan realizar su trabajo, limitan los ámbitos donde puede accionarse libremente e infestan con sus recursos muchas áreas de nuestra economía.

El trasiego de drogas, el número de desaparecidos, la impunidad con la que acontecen tantos crímenes no se explica si al lado de los criminales no están muchos actores que los protegen desde los ámbitos gubernamentales. La magnitud de sus operaciones confirma la captura de una parte del Estado, visible en las aduanas, el acceso a información relevante de seguridad y las omisiones en la detección de sus actividades.

En la situación actual no puede obviarse, primero, que Trump ha trazado como uno de sus ejes principales el combate al narcotráfico y, segundo, no sería justo minimizar el renovado esfuerzo por limitar a los cárteles de la administración de la presidenta Sheinbaum. Este creciente esfuerzo requiere de una profunda colaboración. Más allá del combate violento, es preciso observar que las huellas que las drogas van dejando en la sociedad, el deterioro que su consumo provoca, hacen de esta realidad un desafío de salud pública y un problema serio sobre el futuro de la sociedad, especialmente por las vidas jóvenes que trunca.

Para enfrentar con éxito el combate a los grupos criminales hay, entre otros, dos elementos que requieren atención especial: sus aristas económicas y políticas.

El poder de los cárteles está vinculado al dinero. Su fuerza económica es un ingrediente esencial de su capacidad de penetración en la sociedad entera. Descubrir las rutas económicas de este trasiego y tratar de frenar las redes que con estos recursos van tejiendo es un aspecto indispensable si se quiere evitar sus tareas. El problema del lavado de dinero es que, una vez que los recursos entran en la economía formal, se vuelven invisibles, pues van tendiendo redes en las que participan muchos sin siquiera sospechar que están haciendo negocios con los criminales. Encontrar a los verdaderos criminales y no inculpar a quienes participan involuntariamente no es siempre una tarea clara ni fácil.

En lo que respecta a la vertiente política, parece necesario aclarar la participación de quienes colaboran con el crimen, ya sea porque miran en otra dirección, facilitan tareas específicas o de plano las operan. La duda sobre si quienes realmente mandan están fuera o dentro del gobierno es legítima y resolverla permitirá descubrir de dónde proviene toda la fuerza del aparato criminal y cómo opera la impunidad que oculta dolosamente las acciones del crimen. El terrible rejuego del gobierno y el crimen hace difícil señalar sus fronteras, individualizar los actores y adjudicar las responsabilidades.

En días recientes han aparecido los pedidos de extradición de diez funcionarios del estado de Sinaloa. No pretendo detenerme en la dinámica jurídica del tratado de extradición. No obstante, nos encontramos con un hecho inédito al tratarse de sujetos que se encuentran en funciones. Sin duda habrá que atender y resolver este asunto adecuadamente, pero no podemos pensar que esta vía es la única que resolverá el problema. La complejidad del tema es patente.

Estamos frente a un momento delicado. La cantidad de personas que se han enviado a los Estados Unidos en los últimos meses permitía ya avizorar que pronto comenzarían las peticiones de extradición respecto a personajes políticos. ¿Cuántas más seguirán llegando?

No resulta sencillo encontrar la adecuada colaboración entre los países interesados. Los cárteles se benefician del trasiego de armas que les dotan de un poder que no tendrían si su venta se limitara. Junto al trasiego de estupefacientes por el territorio mexicano existe otro más extenso en el territorio de nuestro país vecino. También allá es posible encontrar nexos económicos de los cárteles y complicidades con actores políticos de esa nación.

Esto reviste una importancia capital: encontrar una colaboración más profunda que busque ir a las causas, impulsando el saneamiento institucional, fortaleciendo las capacidades para rastrear los activos y la limitación del flujo de armas. Solamente una estrategia multidimensional hará posible desmantelar las organizaciones que controlan tantos ámbitos de nuestra sociedad, aquí y allende el Río Bravo.