Legislar para transformar, no para conservar privilegios

La transformación de México no puede limitarse a un cambio de gobierno ni a la sustitución de una élite política por otra. Su verdadero significado histórico radica en modificar las estructuras jurídicas, económicas e institucionales que durante décadas hicieron del Estado un instrumento al servicio de los privilegios. La Cuarta Transformación representa precisamente esa ruptura: recuperar el sentido social del poder público y convertir la ley en una herramienta de justicia, igualdad y bienestar para el pueblo.

Durante el largo periodo neoliberal, los gobiernos del PRI y del PAN utilizaron su mayoría legislativa para debilitar las capacidades del Estado, privatizar bienes públicos, favorecer la concentración de la riqueza y subordinar los derechos sociales a los intereses del mercado. La legislación dejó de ser un instrumento de emancipación colectiva para convertirse, en numerosos ámbitos, en un mecanismo de protección de intereses particulares. Esa es la herencia política e institucional que nuestro movimiento está decidido a superar.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República comenzó una profunda reconstrucción del Estado social mexicano. Hoy, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, nos corresponde consolidar ese proceso histórico, dotándolo de instituciones sólidas, recursos suficientes y un orden jurídico capaz de garantizar que los derechos constitucionales se conviertan en realidades materiales para millones de mexicanos.

Desde la Cámara de Diputados hemos asumido esta responsabilidad con plena convicción. Durante el periodo ordinario de febrero a abril de 2026 se celebraron 48 sesiones, se presentaron más de 1,200 iniciativas y se aprobaron 62 instrumentos legislativos, entre ellos dos nuevas leyes, cuatro reformas constitucionales y 56 modificaciones a leyes vigentes y decretos. Son cifras que reflejan la intensidad del trabajo parlamentario, pero cuyo verdadero valor debe medirse por sus consecuencias sociales.

En el periodo legislativo iniciado en septiembre hemos dado continuidad a esta tarea mediante una agenda de más de treinta proyectos prioritarios vinculados con el programa de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Las modificaciones a la Ley Aduanera, la modernización de los sistemas catastrales y registrales, así como las reformas a la Ley Federal de Derechos y la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, forman parte de un esfuerzo por fortalecer las capacidades institucionales, combatir prácticas que lesionan las finanzas públicas y garantizar recursos para el desarrollo nacional.

Sin embargo, la transformación legislativa no estaría completa sin una política presupuestal comprometida con la justicia social. El presupuesto público constituye la expresión material de las prioridades de un gobierno. No basta con reconocer derechos en la Constitución si el Estado carece de los recursos necesarios para garantizarlos.

Para 2027, el proyecto presupuestal federal contempla recursos por aproximadamente 10.63 billones de pesos, frente a los 10.2 billones de 2026. Esta dimensión del gasto público nos obliga a fortalecer los mecanismos de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, pero también a defender una convicción fundamental: los recursos de la nación deben servir prioritariamente al bienestar de su población.

El Estado de México (EMX) ocupa un lugar estratégico en este esfuerzo. Durante décadas, millones de mexiquenses padecieron los efectos de un modelo de desarrollo caracterizado por profundas desigualdades territoriales, insuficiencia de infraestructura pública y abandono de comunidades enteras. Hoy, la coordinación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez abre una oportunidad histórica para revertir esos rezagos mediante inversión pública, fortalecimiento de los servicios sociales y una política de desarrollo que coloque a las personas en el centro de las decisiones.

Pero la consolidación de la transformación exige algo más que reformas y presupuestos. Requiere congruencia política, honestidad y una profunda conciencia de nuestra responsabilidad histórica. Morena no nació para reproducir las prácticas de los partidos que durante décadas gobernaron de espaldas al pueblo. Nuestro movimiento surgió para combatir la corrupción, desterrar los privilegios y construir una nueva relación entre el Estado y la sociedad.

Por eso resulta indispensable comprender que ninguna aspiración personal puede colocarse por encima del proyecto colectivo. La unidad de nuestro movimiento no significa cancelar el debate democrático ni renunciar a la crítica; significa reconocer que las diferencias legítimas deben resolverse mediante los principios que nos dieron origen y no a través de disputas que debiliten nuestra capacidad de transformación.

La mayoría parlamentaria de Morena tampoco puede entenderse como un cheque en blanco. Su legitimidad no descansa únicamente en el número de votos que representa, sino en su capacidad para producir leyes que amplíen derechos, combatan desigualdades y fortalezcan la soberanía nacional. Una mayoría que no transforma las condiciones de vida del pueblo termina perdiendo su razón histórica de existir.

La construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación demanda, por tanto, una nueva cultura del ejercicio del poder: menos protagonismos individuales y mayor responsabilidad colectiva; menos cálculos electorales y más trabajo territorial; menos discursos vacíos y mayores resultados para la población.

En cada iniciativa, en cada reforma constitucional y en cada decisión presupuestal debemos hacernos una pregunta esencial: ¿cómo contribuye esta decisión a mejorar la vida del pueblo de México? Esa interrogante debe orientar nuestra conducta legislativa y nuestra responsabilidad política.

México vive una oportunidad histórica para consolidar un Estado democrático, soberano y socialmente justo. No podemos desperdiciarla en disputas menores ni permitir que las ambiciones particulares desvíen el rumbo de un proyecto construido durante décadas de lucha popular.

Legislar para transformar significa colocar la justicia por encima del privilegio, el interés público por encima del interés privado y el bienestar colectivo por encima de cualquier ambición personal.

Ese es el compromiso que asumimos con el pueblo de México. Porque la transformación no se mide solamente por las leyes que aprobamos, sino por la dignidad que somos capaces de garantizar y por la justicia que logramos convertir en realidad.