Ley de Seguridad Interior debe considerar pluralidad de opiniones: CNDH

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de febrero de 2017.- Para dar respuesta eficaz a los problemas de seguridad y justicia que el país enfrenta, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, conminó a atender a la formación y capacitación tan postergada de la policía, la inteligencia financiera, el fortalecimiento de la prevención como la atención de las desigualdades, así como el combate al tráfico de armas y realizar una revisión y planteamiento del sistema penitenciario.

“Abordar la problemática de seguridad y justicia de manera parcial sólo producirá soluciones parciales que no revelarán ni resolverán las cuestiones de fondo”, expresó el Ombudsman nacional durante la Mesa de Seguridad y Derechos Humanos en México.

El titular de la CNDH señaló que la necesidad de que se emita una Ley de Seguridad Interior, así como el alcance y contenido que en su caso debería tener la misma, “no puede ser producto de decisiones coyunturales ni políticas, sino se requiere un proceso deliberativos y cuidadoso que considere la pluralidad de opiniones que de manera objetiva e informada se formulen con relación a esta materia.

González Pérez celebró la disposición mostrada por el Poder Legislativo para permitir una mayor discusión sobre el tema. En este foro de discusión, enfatizó que la participación de las Fuerzas Armadas en este tipo de tareas no es lo más deseable, dada la especial naturaleza de sus funciones constitucionales, sin dejar de reconocer la institucionalidad y compromiso que les caracteriza en otras tareas.

Refirió que las mismas Fuerzas Armadas del país han reconocido que no están preparadas para el tipo de funciones que corresponden a las policías civiles.

La discusión sobre el marco normativo aplicable a las tareas que llevan las Fuerzas Armadas desde hace más de 10 años, vinculadas a la seguridad ciudadana, “no implica por sí misma la solución a la compleja problemática de inseguridad y violencia que el país enfrenta.

En caso de que el Poder Legislativo determinara la pertinencia de elaborar una ley en materia de seguridad interior, González Pérez dijo que cualquier instrumento jurídico que eventualmente se formule necesariamente debe tomar como premisa el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas, así como la vigencia del esquema de competencia y atribuciones en materia de seguridad pública.

Indicó que resulta indispensable que en todo caso el proceso legislativo se considere el alcance y sentido que tienen en el orden jurídico, conceptos previstos en la Constitución tales como: seguridad nacional, seguridad pública y seguridad interior; de igual manera, la alternación grave del orden público y de fuerza mayor.

“Cualquier ley que en su caso se pudiera emitir para atender cuestiones vinculadas a la seguridad de las personas, no debe propiciar que se restrinja o limite el ejercicio legítimo de derechos como: la protesta social, la libertad de expresión y de tránsito, entre otros”, subrayó.

Enfatizó que la seguridad de las personas debe estar a cargo de instituciones de carácter civil, y se pronunció a que las Fuerzas Armadas deben volver a los cuarteles cuando las condiciones del país así lo permitan a las funciones que le son propias, bajo un programa gradual y verificable.

Ante las principales preocupaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, Luis Raúl González reiteró que el carácter extraordinario de la participación del Ejército en tarea de seguridad de las personas, sobre todo en su interacción con la población civil, no debe asumirse como algo permanente o promoverse que así sea.