Ley de Seguridad Interior, un riesgo para derechos humanos: ONG

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de febrero de 2017.- Expertos y activistas en derechos humanos advirtieron los riesgos de que el Congreso de la Unión apruebe la ley de seguridad interior, ya que de hacerlo así se le daría un cheque en blanco a las fuerzas armadas para violar los Derechos Humanos, al permitirles tareas de detención, prevención e investigación del delito, como pretende dicha legislación.

Entre los expertos estuvo el investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Edgar Cortez, quien dijo que frente al debate sobre qué es preferible, mejorar el sistema de justicia o fortalecer a las fuerzas militares la ley se inclina por lo segundo, pero los resultados sobre el desempeño militar no son optimistas en los últimos 10 años, cuando salieron de los cuarteles para hacer tareas de seguridad.

Cortez recordó que México ha recibido más de 30 recomendaciones de organismos internacionales por casos de tortura donde se acusa a las fuerzas militares.

Por su parte el investigador José Antonio Guevara se refirió a la iniciativa del diputado Del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz y destacó que propone que con la aplicación de la ley de seguridad interior, se podrán negar solicitudes de información bajo el argumento de que se pone en riesgo dicha seguridad.

Además permitirá de parte de las fuerzas militares las detenciones arbitrarias sin que se rindan cuentas.

Recordó que actualmente hay denuncias por tortura contra las fuerzas militares y la CNDH ha constatado 200 casos y 25 de desaparición forzada, de victimas atribuibles a las fuerzas armadas, y que son las que se han podido acreditar pero podrían ser más.

Consideró que el argumento de que la ley de seguridad interior es para evitar esta situación es falso, porque lo único que se requiere es castigar dichas conductas.

Francisco Torres Landa, de México Unido contra la delincuencia afirmó que no es una postura contra las fuerzas armadas, pero no deben estar en tareas de seguridad sino para contingencias específicas como son rebeliones o desastres naturales.

“Que la seguridad pública caiga en fuerzas civiles”, demandó.

Aprovechó para reclamar al presidente Enrique Peña Nieto, a quien llamó “el gran legislador” y señaló que a través de su consejero jurídico Humberto Castillejos impulsan la ley.

Por su parte la politóloga Denis Dresser recordó que el general Milfuegos (en alusión al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos) amenazó en diciembre de 2016 que si no se aprobaba la ley entonces lis militares regresarían a los cuarteles, con lo que se colocó al poder civil ante la pared.

“Entonces quién gobierna?”, preguntó.

Los expertos consideraron que la nueva ley va contra la Constitución y también contra las convenciones internacionales de derechos humanos, y que legislar en materia de seguridad interior es algo propio de Estados autoritarios.

Adelantaron que en caso de aprobarse dicha ley buscarán presentar a través de legisladores recursos de inconstitucionalidad.