Libertad de expresión ante el riesgo de una nación silenciada

“Estoy en desacuerdo con lo que dices,

pero defenderé hasta la muerte tu derecho a expresarlo".

Evelyn Beatrice Hall

Libertad, ese anhelo perpetuo del espíritu humano, encuentra en la palabra su vehículo más sublime y, a la vez, su campo de batalla más encarnizado. La libertad de expresión, ese bastión inexpugnable donde la conciencia individual se encuentra con el diálogo colectivo, es el cimiento sobre el cual se erige la posibilidad de una sociedad auténticamente justa, la construcción del conocimiento compartido y el control ciudadano indispensable ante los abusos del poder. Preservarla y defenderla es construir activamente la democracia. Hoy, ese cimiento se está debilitando ante el asedio de la censura institucional.

La democracia no se da por decreto, se construye cotidianamente. Es, un tejido de voluntades y disensos que se nutre del debate público. En la pluralidad de ideas, incluso de las más incómodas, es donde una nación forja su carácter y guía su destino. La libertad de manifestar opiniones sin temor a represalias representa el resguardo de la dignidad individual, el motor que impulsa la autonomía de pensamiento y la cohesión social. Cuando una voz es censurada, no es solo un individuo quien pierde, sino la sociedad entera, que pierde su capacidad de autocorregirse, de evolucionar, de mirar de frente sus propias contradicciones. Restringirla es erosionar la esencia misma de una sociedad que se precia de ser libre.

Desde 2018, en México hemos sido testigos de la instauración de una lógica de poder que ve en la crítica no un contrapeso saludable, sino una afrenta intolerable. Se ha extendido una sombra ominosa sobre el debate público, se ha hecho un esfuerzo sistemático desde el poder por silenciar las voces disidentes se trate de periodistas valientes o de ciudadanos comprometidos que se atreven a cuestionar y exponer los excesos del poder. No hablamos de actos aislados, sino de un patrón preocupante, de una especie de "operación censura" que utiliza los recursos del propio Estado para amedrentar, hostigar y, en última instancia, silenciar. Se silencia al periodista que investiga. Se amonesta al ciudadano que cuestiona. Se utiliza el aparato legal no para proteger al débil, sino para blindar al poderoso.

Pensemos en el periodista que, por desvelar una trama de corrupción, nepotismo o incompetencia de servidores públicos, es sentenciado por un tribunal a eliminar su trabajo y a ofrecer una disculpa pública, manchando su labor con la sospecha infundada de violencia política de género, etc. Imaginemos a una ciudadana que, por un comentario en redes sociales cuestionando las prácticas de la esposa de un diputado, fue sometida a la humillación de disculpas forzadas durante un mes, a multas y a ser inscrita en un padrón de sancionados. Pensemos, también, en el abogado a quien se le exigió una disculpa pública en la más alta tribuna legislativa de la nación por un altercado con un senador, convirtiendo una disputa personal en un acto de sumisión ante el poder.

Estos no son hechos aislados. Son síntomas de una enfermedad que corroe la salud de la República. El acoso judicial, con decenas de casos documentados tan solo en el último año, se ha convertido en la nueva mordaza, una herramienta sofisticada para inhibir el reportaje crítico y la opinión ciudadana. La amenaza ya no es solo física; ahora es legal, burocrática y profundamente desgastante.

El riesgo más grave, sin embargo, es la normalización de este autoritarismo. El impulso de reformas legislativas que buscan institucionalizar la vigilancia sin controles efectivos es la culminación de esta estrategia: la edificación de un andamiaje legal para la opresión.

Se pretende crear un entorno donde el simple acto de disentir, de investigar o de alzar la voz se convierta en una actividad de alto riesgo, vulnerando no solo la privacidad, sino el ejercicio mismo de la defensa de los derechos humanos. Es la arquitectura de un Estado que prefiere vigilar a sus ciudadanos en lugar de rendirles cuentas.

El destino de nuestras libertades pende de un hilo, permitir que esta tendencia autoritaria se consolide, es renunciar a la esencia de nuestro pacto social. La indiferencia es complicidad; el silencio, una concesión.

Es hora de construir un frente ciudadano inquebrantable.

Es hora de exigir a nuestros representantes que legislen para la libertad, no para el control.

Es hora de defender a cada periodista y a cada ciudadano cuya voz se intenta apagar.

Defender la libertad de expresión, es preservar la democracia.