Mantiene Operativo Enjambre indagatorias contra funcionarios en Edomex
TOLUCA, Edomex., 21 de mayo del 2026.- A más de un año de su implementación, el Operativo Enjambre suma detenciones, investigaciones y sentencias contra funcionarios municipales del Estado de México (EMX) relacionados con presuntos delitos de extorsión, secuestro y protección a organizaciones criminales. La estrategia federal inició en noviembre de 2024 en territorio mexiquense y posteriormente se ha extendido a otras entidades como Morelos, Jalisco y Michoacán.
De acuerdo con autoridades federales, las investigaciones comenzaron tras detectar posibles vínculos entre autoridades locales y grupos delictivos en distintos municipios mexiquenses. Entre los casos indagados se encuentran funcionarios y mandos de seguridad de municipios como Amanalco, Santo Tomás, Tejupilco, Ixtapaluca, Naucalpan y Texcaltitlán.
Inicia la estrategia en el Edomex y se extiende a más estados del país
Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este jueves que las investigaciones se realizan con pruebas y dentro del marco legal. Durante su conferencia matutina, afirmó que “no se cubre a nadie” cuando existen elementos suficientes para proceder contra servidores públicos presuntamente relacionados con actividades ilícitas. También indicó que varias carpetas de investigación surgieron a partir de denuncias ciudadanas realizadas durante recorridos en comunidades.

En el Estado de México (EMX), las acciones más recientes del operativo incluyeron la detención de tres funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) investigados por presuntas irregularidades administrativas y posibles vínculos con hechos de corrupción. Además, reportes oficiales señalan que el Operativo Enjambre acumula más de 60 detenciones y diversas sentencias condenatorias contra objetivos considerados prioritarios.
Las acciones también se mantienen en otras entidades del país. En Morelos fueron detenidos alcaldes, exfuncionarios y servidores públicos municipales investigados por presuntos vínculos con delincuencia organizada y extorsión, mientras que en Michoacán y Jalisco continúan abiertas investigaciones contra autoridades locales señaladas por posibles nexos con grupos criminales.











