Más que los plurinominales

La reforma electoral anunciada por la Presidenta Claudia Sheinbaum es una propuesta identitaria de la Cuarta Transformación, obstaculizada e interrumpida por la oposición en dos ocasiones previas.

A finales de abril de 2022, el entonces Presidente López Obrador envío a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que implicaba modificar 18 artículos de la Constitución mexicana. Entre otros cambios, se proponía la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas como único organismo autónomo a cargo de las elecciones en todo el país, la elección de los consejeros y magistrados electorales por voto popular, la eliminación de diputaciones plurinominales, la reducción de legisladores y la introducción del voto electrónico, así como el acotamiento del financiamiento público a los partidos y la disminución de los tiempos de radio y televisión, incluida la eliminación de los tiempos fiscales. Como se sabe, el proyecto de decreto no alcanzó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y, en consecuencia, fue rechazado.

Por su parte, en febrero de 2023 el Senado aprobó la iniciativa de reforma a diversas leyes electorales conocida como el “Plan B”. La reforma impactaba más de 400 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además de que implicaba la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. El “Plan B” suponía, entre otros cambios, una reducción drástica de la estructura orgánica del INE y la sustitución inmediata del Secretario Ejecutivo. No obstante, en marzo la Suprema Corte de Justicia otorgó una suspensión para detener la aplicación de las nuevas normas y para junio declaró inconstitucional la reforma por violaciones en el proceso legislativo.

La actual reforma electoral está en construcción, pero algunos temas suenan fuertemente en el ambiente: la eliminación de los legisladores plurinominales, la disminución del financiamiento público que reciben los partidos y el acotamiento de sus rubros de gasto, además de las críticas a la partidocracia y a la democracia representativa en general. En la presentación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez enlistó un temario en el marco del Plan General de Trabajo:

• Libertades políticas
• Representación popular
• Sistema de partidos
• Financiamientos y prerrogativas de partidos
• Fiscalización de ingresos y gastos de partidos, candidatos y campañas
• Efectividad del sufragio
• Regulación de la competencia política electoral
• Libertad de difusión de opiniones, información e ideas
• Propaganda de poderes y organismos públicos
• Sistema de votación y cómputo
• Autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales
• Requisitos de elegibilidad
• Inmunidad de funcionarios populares
• Consultas populares revocaciones de mandatos

Como se ve, los contenidos potenciales de la reforma electoral no se limitan a la discusión sobre las y los legisladores plurinominales. Incluso, con mucha claridad, algunos sectores de la ciudadanía han puesto sobre la mesa otros temas ineludibles para la democratización integral del Estado mexicano, entre ellos: la superación de la partidocracia, la reducción drástica del costo de la democracia para el erario público y el fortalecimiento de la democracia participativa.

En este sentido, resulta fundamental que en el marco de la reforma electoral se discutan públicamente la conveniencia de que los partidos políticos conserven el monopolio sobre la postulación de candidaturas para la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como la pertienencia del gasto público relacionado con la burocracia electoral, el financiamiento de campañas y el pago de los gastos ordinarios y de manutención de los partidos políticos. Por último, es fundamental que la democracia deliberativa orientada al bien común se convierta en una práctica institucional efectiva.

Ahora bien, desde la oposición se han planteado algunas objeciones:

1. La reforma electoral busca consolidar a Morena como partido político hegemónico en detrimento de las formas democráticas y la representación política.
2. La eliminación del principio de representación proporcional afecta la representatividad política en sociedades plurales.
3. Asimismo, basar el sistema electoral exclusivamente en el principio de representación por mayoría conlleva sobre representación y sub representación en los órganos colegiados de elección popular.
4. Los cambios relativos a las autoridades electorales implican un debilitamiento institucional que compromete la celebración exitosa de próximos comicios.
5. El acotamiento del financiamiento público impacta en las condiciones de equidad y competitividad de los procesos electorales.

Al respecto, habría que decir que no existe todavía una propuesta concreta, sólo antecedentes y conjeturas de la misma oposición. No obstante, vale la pena compartir un par de reflexiones sobre la representación proporcional y el costo de la democracia.

La introducción del principio de representación proporcional en México durante la época de hegemonía del PRI permitió que los partidos pequeños alcanzaran escaños en los órganos de representación política hasta volverse fuerzas significativas, así como, que sectores sociales disidentes tuvieran voz y voto en instituciones como la Cámara de Diputados y posteriormente el Senado, compensando de esta manera la sub representación política que acarrea el principio de representación por mayoría. Sin embargo, las condiciones actuales han cambiado. Más que un problema con el principio de representación proporcional per se el problema ha sido el manejo partidista de las listas plurinominales, que ha conllevado a la formación de una “casta política” y a prácticas políticas viciadas por parte de los legisladores plurinominales electos.

Adicionalmente, es importante tener presente que, en México, las listas plurinominales son bloqueadas y cerradas, lo cual permite que las élites partidistas controlen en absoluto las opciones de elección para la ciudadanía. Abrir y desbloquear las listas fortalecería la participación ciudadana en elecciones plurinominales. Las listas bloqueadas y cerradas violentan el derecho al sufragio activo de las y los ciudadanos, pues son los partidos políticos quienes determinan a los representantes que serán elegidos.

Por otra parte, se sabe que la democracia electoral mexicana es una de las más caras del mundo. El costo presupuestario supone el gasto operativo del INE y de los organismos públicos locales electorales, pero también debería contarse el gasto operativo de los órganos jurisdiccionales en materia electoral y las fiscalías especializadas. De igual manera, el costo de la democracia mexicana incluye el financiamiento público para los partidos políticos destinado a actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y actividades específicas como entidades de interés público.

Desde hace muchos años se ha criticado el alto costo de la democracia mexicana, que se agrava por su mala calidad y en particular por la falta de beneficios tangibles en la vida de las personas. La partidocracia mexicana se ha consolidado a partir de recursos públicos, lo mismo que la carrera de políticos profesionales y la burocracia dorada del sector. En sistemas políticos como el mexicano, los partidos dependen tanto del erario público que terminan adheridos al aparato estatal al cumplir con su función de catalizadores del proceso político.

La política comparada y la experiencia mexicana reciente permiten imaginar y constatar que la democracia política es posible en contextos de austeridad, donde el uso eficiente de recursos se vuelve una exigencia social y un deber constitucional. Las elecciones judiciales probaron que es viable celebrar procesos electorales sin partidos políticos y sin recursos públicos para las campañas, así como, que la participación ciudadana y la deliberación política son posibles sin grandes plataformas ni gastos mayores de por medio. En este sentido, la reforma judicial y la reforma electoral son dos momentos articulados dentro de la democratización integral del Estado mexicano, donde la superación de la partidocracia y el fortalecimiento de la democracia semidirecta también son parte de un proceso histórico cuyo horizonte recién se abre.

@Raymundo_EH