México, cuarto país más impune del planeta, según IGI-MEX 2018

Edomex, la entidad con mayor impunidad del país para UDLAP

Después de esta semana de asueto, espero sea muy productiva para ustedes la que comienza, amig@s de Quadratín!

Nuestra nación es la cuarta más impune del planeta, según el Índice Global de Impunidad México 2018 (IGI-MEX 2018), publicado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

El gobierno de Enrique Peña alcanzó apenas una calificación de 69 puntos, por lo que nuestro país se encuentra a la cabeza de las naciones impunes en América. Croacia tiene el menor índice con 36.01 y Filipinas el puntaje más elevado con 75.6.

El estudio se publica anualmente desde 2015 y busca medir estadísticamente los grados de impunidad en distintos países y al interior. De acuerdo con el reporte, México es más impune que hace dos años: en 2016, su calificación fue de 67.42 puntos.

Por entidad federativa, con 80.06 el Estado de México, mal gobernado por el priísmo, encabeza la lista en el ranking de la impunidad nacional. Le siguen Tamaulipas, Baja California, Coahuila y Quintana Roo, con puntuaciones de 78.88, 78.08, 77.88 y 77.33 respectivamente.

En comparación con el último reporte, Aguascalientes (+7.48%), Tlaxcala (+7.37%) y Nayarit (+6.65%) son los únicos estados donde el nivel de impunidad creció más de cinco puntos.

Durante 2018, en el Estado de México se iniciaron 202 mil 205 carpetas de investigación (averiguaciones previas), pero solo se reportan mil 209 sentenciados en primera instancia. Es decir, apenas 0.59% de las carpetas culminó en una sentencia. Aunado a esto, solo 8.33% de las carpetas se convirtieron en causas penales, dejando más de 185 mil procesos concluidos en esa etapa.

Solo dos estados mostraron una disminución significativa en sus niveles de impunidad: Morelos, por 5.84 puntos, y Campeche, con una reducción de 2.16 puntos.

En cuanto al sistema de justicia, el reporte indica que México tiene cuatro veces menos jueces y magistrados que el resto del mundo, con un promedio de 3.9 para cada cien mil habitantes. El incremento de la carga de trabajo de los impartidores de justicia puede generar incentivos perversos, como impunidad procesal y corrupción, concluye el estudio.

En lo que respecta al homicidio, el informe identificó una disminución de diez puntos en el porcentaje de encarcelados en averiguaciones previas: pasó de 27.5 a 17.09%. La disminución de casi diez puntos porcentuales de este indicador, señala la UDLAP, es resultado de que las entidades no tienen agencias de investigación profesionales, independientes y con capacidades suficientes para atender el delito de homicidio.

Los estados en los que existe una mayor impunidad en homicidios son Tamaulipas (0.15 puntos), Tabasco (2.24), Michoacán (4.64), Puebla (5.21) y Guerrero (5.39).

La cifra negra, los delitos no denunciados, se mantiene en un nivel muy alto e incluso aumentó casi un punto porcentual en dos años, al pasar de 92.8 a 93.7% (ENVIPE, INEGI). Con esto se confirma que los mexicanos siguen sin tener confianza en sus instituciones de seguridad y justicia para denunciar los delitos de los cuales fueron víctimas.

Guerrero, el Estado de México y la Ciudad de México son las entidades en las que menos se denuncia.

Los ministerios públicos estatales sufren un deterioro estructural y de sus capacidades humanas frente al aumento de delitos y población en el país. Apenas tenemos 3.53 agencias por cada cien mil habitantes; el personal de los ministerios públicos cayó de 33.9 a 31.19, y el número de agentes pasó de 7.6 a 6.27 por cada cien mil habitantes.

También descendió la tasa de agentes para la atención de delitos: por cada mil ilícitos registrados, la proporción de agentes pasó de 5.31 a 4.97.

El déficit de estado de fuerza de policías operativos estatales es de 50.86%. El estado real de fuerza operativo es de 120 mil 001 policías estatales, pero debería ser de al menos 235 mil 944, conforme al estándar mínimo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La Ciudad de México y Tabasco son las únicas entidades que están por arriba del estándar nacional de elementos policiacos que aprobaron las evaluaciones de confianza.

También la proporción entre el personal del sistema penitenciario y el número de reclusos disminuyó en 15%, a pesar de que estamos viendo una reducción de la población penitenciaria con la entrada en vigor del sistema penal acusatorio. Esto produce mayores cargas laborales sobre el personal carcelario, corrupción, desgate profesional y puede aumentar la probabilidad de motines y fugas.

Más malas cuentas de los gobiernos priístas, ahora otra vez en materia de justicia.