El sexenio de EPN simuló y congeló el SNA; su administración será la menos controlada

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Hace unos días Transparencia Internacional emitió el Índice Percepción de la Corrupción 2017 (Corruption Perceptions Index 2017). Otra vez nuestro país resultó mal evaluado, pero el tema salió rápidamente de los medios de comunicación, como si ya nos estuviéramos acostumbrando a éste fenómeno.

La corrupción nacional tiene sus orígenes en el viejo régimen priísta que no termina de irse, e incluso regresó a sus peores niveles con la llegada del Grupo Atlacomulco al Poder, a través de Enrique Peña.

A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil por establecer un sistema anticorrupción, en 2017 México ocupó el lugar 135 de 180 naciones evaluadas; en el mismo estudio de 2016 se ubicó en el sitio 123 de 176.

El reporte mide aspectos como gobierno abierto, rendición de cuentas, libertad de expresión, transparencia, niveles de integridad en el servicio público y acceso igualitario a la justicia.

Nueva Zelanda obtuvo la puntuación más alta (89). Le siguen Dinamarca y Finlandia. Los 5 países con la peor calificación, o con mayor percepción de corrupción, son: Yemen, Afganistán, Siria, Sudán del Sur y Somalia.

México obtuvo una calificación de 29, un punto menos que el año pasado, empatado con República Dominicana, Honduras, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Rusia, Kirguistán y Laos.

A nivel regional, México se encuentra en la sexta peor posición, sólo por arriba de Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela. Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Barbados y Chile encabezan el top cinco en la región.

México es el peor evaluado entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del G20.

Al respecto, Transparencia Mexicana recomienda asegurar la correcta implementación del Sistema Anticorrupción (SNA) en todo el país; incorporar a éste la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para fortalecer las investigaciones de lavado de dinero y las llamadas “empresas fantasma”; crear una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la lucha anticorrupción del país no dependa ni de la política, ni de intereses privados; y avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos en el financiamiento a partidos políticos y sus proveedores.

¿Qué ha hecho el gobierno de Peña Nieto al respecto? Sabotear las instituciones anticorrupción.

Al arranque del sexenio el priísta propuso crear una Comisión Nacional Anticorrupción, desapareció de facto la Secretaría de la Función Pública (SFP) -quedó acéfala e inoperante- en tanto se concretaba la reforma constitucional respectiva, quedando ésta al garete por varios años.

Vino el escándalo de la Casa Blanca y entonces designó como titular de la SFP a un incondicional que, por supuesto, encontró nada.

Luego el proceso de discusión y aprobación del nuevo SNA, pero a la fecha no tenemos fiscal general de la Federación, ni auditor superior de la Federación, tampoco fiscal anticorrupción, bajo el pretexto de la falta de consensos.

Por el contrario, Peña Nieto no tuvo ningún empacho en promover la Ley de Seguridad Interior, aprobada sin mayor discusión e ignorando todas las voces, incluso las del exterior.

Pasó medio sexenio sin secretario del ramo y un último año sin auditor superior, rodeado de una pléyade de contralores internos que dependen políticamente de los titulares de las Secretarías y dependencias de la administración pública.

De esta manera, la presente administración será la peor controlada de la historia.

La corrupción no es un fenómeno social cualquiera al que nos debamos acostumbrar; pone en riesgo los cimientos de toda nuestra estructura social, económica y política.

Si seguimos por el mismo camino, estamos condenados a padecer una pobreza irresoluble, a pagar sobrecostos permanentes en servicios del gobierno y en contrataciones públicas, y a vivir en una democracia débil donde gane el que más dinero tiene, en una suerte de círculo vicioso donde los políticos se corrompen para financiar sus campañas y después, en sus cargos públicos, paguen con creces los apoyos recibidos y reúnan fondos para seguir en la política.