Miren quiénes hablan de conflictos de interés y simulaciones

Desde Palacio Nacional salieron ayer pesadas acusaciones de conflictos de interés de ex funcionarios públicos, algunas de las cuales ya fueron desmentidas y otras son verdaderos absurdos.

¿Ellos hablan de conflicto de interés?

El buen juez por su casa empieza, ha repetido con insistencia el presidente López Obrador, y sería muy saludable que tomara en serio sus palabras y atacara los conflictos de interés y simulaciones en el presente y en su equipo.

A su jefe de Seguridad, Daniel Asaf Manjarrez tiene que pedirle una verdadera declaración de conflicto de interés, y no esos datos angelicales que dio a conocer.

Omite decir Daniel Asaf que es primo hermano de Jorge Patricio Asaf Gómez, cabecilla del Cartel del Golfo, extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2008, donde fue juzgado en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

En 2005, el primo hermano del Jefe de Seguridad del Presidente López Obrador, coordinó con otros integrantes del Cártel del Golfo el tráfico de cocaína desde Colombia y Panamá a Estados Unidos.

Un año después fue aprehendido, encarcelado en el Reclusorio Norte y dos años más tarde un juez lo extraditó a Nuevas York (Crónica 12/10/08).

Pregunto: ¿hay o no conflicto de interés entre ser primo hermano (y en su momento con relación muy estrecha) de un cabecilla del Cártel del Golfo y a la vez ser Jefe de Seguridad del Presidente de la República?

¿En manos de quién está la seguridad del Presidente?

¿Va a combatir a los narcotraficantes… con el primo de un cabecilla encargado de su seguridad?

Otro caso del presente que debería llamar la atención en el gobierno, por ser una bochornosa simulación: Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes es dueño de un departamento en Houston que no declaró.

El departamento se puso a nombre de la empresa Houston Relais Real Estate Inc., que él fundó en enero de 2016 y aparece como administrador único (Reforma de ayer).

Antes de asumir como titular de SCT, Jiménez Espriú cedió la titularidad de las acciones a su hijo Javier Jiménez Gutiérrez, quien ahora funge como administrador único de la empresa.

Es decir: Jiménez Espriú creó una empresa fantasma en Estados Unidos y se puso como administrador único de esa compañía que tiene una sola propiedad: el departamento en Houston.

¿Por qué una empresa fantasma? Para pagar menos impuestos en Texas.

¿Por qué la puso a nombre de su hijo? Porque él iba a entrar al gobierno de López Obrador donde poseer un departamento en Houston es mal visto pues tienen que aparentar ser pobres, casi franciscanos, y renegar de los bienes materiales. Pura simulación, pues.

Otro caso de conflicto de interés: el presidente del PT -partido gobernante junto con Morena- maneja 75 estancias infantiles en 18 estados y para este año recibirá un presupuesto de 500 millones de pesos de parte de secretaría de Educación Pública (como documentó ayer Rubén Cortés en su Canela Fina).

Es decir, mientras se quita el presupuesto a las estancias infantiles, a las del PT le aumentan el presupuesto en 200 millones respecto al año pasado.

¿No ve ahí ningún conflicto de interés el gobierno del PT-Morena?

Se autoasignan 500 millones de pesos para estancias infantiles, algunas de ellas inexistentes (como la de Atlatlahuacan, Morelos, que es un terreno baldío, sin niños), y recibieron 30 millones de pesos por esa estafa, y le cierran la llave a las que sí funcionan.

Más conflictos de interés aquí y ahora, en la Cuarta Transformación: para integrarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contrapeso del poder Ejecutivo, el presidente propuso a Yasmín Esquivel Mossa, esposa del constructor favorito del mandatario, José María Riobóo.

Riobóo convenció a López Obrador de que el Nuevo Aeropuerto Internacional de Texcoco era inviable, sin decir que él había perdido el concurso para hacer la ingeniería de las pistas (cuando creía que el aeropuerto era una buena idea).

¿Qué va a hacer la ministra Esquivel Mossa cuando se lleven a la Suprema Corte casos del Nuevo Aeropuerto?

El conflicto de interés es evidente.

Las otras dos personas propuestas para integrar ese poder “autónomo” son Loretta Ortiz Ahlf, ex activista de Morena, promotora de los fallidos Foros de Pacificación que tenían por objetivo dar respaldo social a una amnistía a criminales.

Y Celia Maya García, fundadora de Morena, ex candidata de ese partido al Senado por el estado de Querétaro en las recientes elecciones.

¿Quieren ver conflictos de interés? Ahí hay algunos, y son suyos, no “presuntos del pasado”.

Falta espacio para ocuparnos de los fiscales carnales en lucha contra la corrupción y delitos electorales.

Sí, hay conflictos de interés y simulaciones ofensivas, como los que existen en este gobierno, aquí y ahora.