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TOLUCA, Edomex., 03 de octubre de 2018.- Por considerar que contraviene los derechos laborales elementales y no contribuye a la efectiva realización del derecho humano a la educación en el país, el diputado Benigno Martínez García, del Grupo Parlamentario de morena, presentó al Pleno de la 60 Legislatura un pronunciamiento en contra de la aplicación de la evaluación docente en el marco de la Reforma Educativa.
El legislador dijo que si bien tanto la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación son de aplicación obligatoria al haber sido expedidos por las autoridades competentes, esto no quiere decir que sus disposiciones sean justas e idóneas para mejorar la situación de la educación en México; su propósito, dijo, en realidad es castigar y dañar la estabilidad laboral de las y los docentes, vulnerando sus derechos.
Martínez García indicó que con la Reforma Educativa el gobierno federal quiso responsabilizar a las y los docentes del bajo nivel educativo registrado en el país, sin reconocer las causas estructurales de los problemas de la educación en México, además de que no ha dotado a los planteles educativos de recursos humanos, materiales y financieros suficientes, debidamente distribuidos, ejercidos y fiscalizados, considerando la diversidad cultural, geográfica, social y la economía del país para hacer efectivo el derecho humano a la educación.
PROPONE PRD CREAR SISTEMA ESTATAL DE BECAS PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD
La diputada Araceli Casasola Salazar, en representación del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una iniciativa que tiene como finalidad crear un sistema estatal de becas permanentes para alumnos del nivel básico que padezcan alguna discapacidad permanente.
La iniciativa busca reformar la Ley de Educación y la Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, ambas del Estado de México, y plantea que los alumnos con discapacidad son la minoría más amplia del mundo y suelen tener menos oportunidades económicas; a estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada para protegerlos.
Estableció que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que la existencia de barreras es un componente esencial de su marginación y menciona que la discapacidad es un concepto evolutivo, “resultado de la interacción de las personas con disfunciones y de problemas de actitud y de entorno que socavan su participación en la sociedad”.
En este sentido, dijo que es necesario que los actores políticos establezcan medidas determinantes, encaminadas a adoptar y aplicar estrategias e iniciativas de desarrollo que tengan en cuenta a las personas con discapacidad, específicamente a las niñas y niños estudiantes, ya que pueden ser objeto de violencia y de formas múltiples de discriminación.
La iniciativa, que para su análisis y dictamen se remitió a las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y Para la Atención de Grupos Vulnerables, tiene por objeto garantizar que los alumnos de los tres niveles de gobierno que tengan alguna discapacidad cuenten con una beca permanente del Gobierno del Estado de México.