Niega Central de Abasto nexos con red de extorsión señalada por Fiscalía
ECATEPEC, Edomex., 17 de septiembre de 2026.- La Unión de Comerciantes, Productores y Condóminos del Centro de Abasto de Ecatepec solicitará a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aclarar los señalamientos que vinculan a sus compañeros bodegueros con una red de extorsionadores de la entidad.
El presidente del Consejo Directivo de la Central de Abasto, Octavio Martínez Vargas, explicó que la petición busca establecer el origen, carácter y responsabilidad institucional sobre el contenido del documento, en el que se hicieron referencias a investigaciones relacionadas con diversos hechos delictivos y personas vinculadas con la zona.
Según expuso, el comunicado fue difundido en distintas plataformas y medios de comunicación, por lo que la organización busca que la Fiscalía precise oficialmente su contenido y las personas a las que se refieren los señalamientos.
Martínez Vargas señaló que, una vez que exista una respuesta institucional, la organización determinará las acciones jurídicas y administrativas que correspondan por las posibles afectaciones a comerciantes, productores y representantes de la Central de Abasto.
Señalamientos generan reclamos de comerciantes
Los representantes jurídicos de la organización señalaron durante una conferencia de prensa que el comunicado hace referencias a personas, inmuebles y organizaciones presuntamente relacionadas con actividades delictivas en la zona.
Los abogados sostuvieron que algunas de las personas mencionadas públicamente no forman parte de la Mesa Directiva ni de los órganos de administración de la Central de Abasto, por lo que pidieron a la Fiscalía precisar la información.
También señalaron que en las investigaciones deben respetarse la presunción de inocencia, el debido proceso y los derechos a la intimidad y a la propia imagen de las personas involucradas.
Martínez Vargas afirmó que la Central de Abasto no se opone a las investigaciones ni a que se sancione a quienes resulten responsables de algún delito, pero pidió evitar que los señalamientos se extiendan al conjunto de comerciantes y productores que realizan actividades lícitas.
La organización destacó que la Central de Abasto es un punto de distribución de alimentos con una afluencia aproximada de 55 mil personas diariamente y un movimiento de alrededor de 3 mil toneladas de productos cada día, de acuerdo con cifras proporcionadas por sus representantes.
Caso de Alejandro Sánchez también será revisado
Durante la conferencia también se abordó el caso de Alejandro Sánchez, comerciante de la Central de Abasto, cuya familia, compañeros y representantes legales participaron en el encuentro con medios.
Martínez Vargas sostuvo que Sánchez no forma parte de la Mesa Directiva, pese a que, según afirmó, habría sido presentado de esa manera en información relacionada con las investigaciones de la Fiscalía.
La representación legal mostró un auto de no vinculación a proceso relacionado con una de las acusaciones formuladas contra Sánchez y sostuvo que el juez determinó que no existían elementos suficientes para vincularlo a proceso por ese delito.
Los abogados señalaron que posteriormente, al salir del centro penitenciario, Sánchez fue detenido nuevamente mediante una orden de aprehensión relacionada con una acusación distinta por presunta extorsión.
La defensa cuestionó la información difundida sobre el comerciante y sostuvo que no correspondería con la determinación judicial presentada durante la conferencia, por lo que anunció que el caso será incluido en las acciones jurídicas y administrativas que prepara la organización.
Familiares de Sánchez también relataron que después de su detención enfrentaron dificultades para conocer su paradero y tuvieron que acudir a distintas instalaciones de la Fiscalía para obtener información.
Una familiar afirmó además que las acusaciones han generado afectaciones a su familia y aseguró que tuvo que abandonar su domicilio debido a amenazas que, dijo, recibió.
Productores piden investigaciones con elementos objetivos
Productores relacionados con Alejandro Sánchez participaron en la conferencia y manifestaron su disposición para colaborar con las autoridades en las investigaciones correspondientes.
Uno de ellos explicó que su familia tiene tres generaciones dedicadas a la producción y distribución de alimentos, principalmente naranja, tuna y plátano, y pidió que las diligencias se desarrollen con elementos objetivos y sin afectar injustificadamente las actividades comerciales.
Martínez Vargas también hizo un recuento de las medidas de seguridad implementadas en la Central de Abasto y afirmó que se ha solicitado la presencia permanente de Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional y fuerzas federales.
Indicó que el centro cuenta con aproximadamente 200 cámaras de videovigilancia, con sistemas para registrar vehículos, placas y rostros.
El dirigente recordó además que comerciantes de la Central de Abasto han sido víctimas de hechos delictivos y afirmó que 17 comerciantes perdieron la vida en hechos relacionados con la delincuencia.
Acciones serán planteadas ante instancias federales
Como parte de las acciones anunciadas, la organización prepara un pronunciamiento dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la Fiscalía General de la República (FGR) y a otras instancias federales.
Martínez Vargas explicó que el documento busca exponer la situación y solicitar la intervención que corresponda dentro de las atribuciones de cada institución.
También recordó que desde el año pasado ha cuestionado públicamente la actuación del fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, y que ha promovido acciones relacionadas con un juicio político en su contra.
Asimismo, afirmó que ha solicitado investigar presuntas estructuras delictivas relacionadas con la anterior administración municipal de Ecatepec y cuestionó los resultados que, desde su perspectiva, han tenido esas denuncias.
El presidente del Consejo Directivo aclaró que la estrategia anunciada busca principalmente obtener respuestas institucionales sobre el comunicado del 9 de septiembre, precisar los señalamientos contra comerciantes y determinar, mediante las vías correspondientes, si existieron irregularidades.
Finalmente, informó que las siguientes acciones serán definidas en asamblea por los comerciantes y que no se descartan movilizaciones para exigir atención a sus demandas.
Entre las propuestas planteadas por algunos integrantes se encuentra la posibilidad de realizar cierres de carreteras o casetas de cobro para exigir la libertad de Alejandro Sánchez, aunque esta medida deberá ser analizada y, en su caso, acordada por la organización.
La Unión de Comerciantes, Productores y Condóminos reiteró que no se opone a las investigaciones ni a la aplicación de la ley, pero pidió que las autoridades actúen conforme al debido proceso y proporcionen información precisa sobre las personas y hechos que son objeto de investigación.
