No todo es dinero

Desde hace mucho tiempo se vive en la ilegalidad electoral. La parte más relevante está en el financiamiento. La ley optó por límites y que el único origen de los recursos para los partidos y para financiar campañas fueran los que aporta la sociedad. El gasto irregular es aproximadamente de 80%. Cabe señalar que el gasto para precampañas y campañas se lo otorgan a las dirigencias de los partidos no a los aspirantes. La realidad es que hoy, más que nunca, el dinero se ha vuelto el factor del proselitismo, del financiamiento del trabajo de campo y de la publicidad, pero no es todo.

El presidente anticipó los tiempos electorales. El arranque fue nombrar a los aspirantes con tres años de anticipación a la elección como manera de control de daños por los malos resultados en la Ciudad de México y en muchas otras partes del país. Le sorprendieron las cifras de la elección intermedia, recompuso a su gobierno y acentuó el carácter militante de su presidencia. No todo fue funcional al objetivo, aunque sí la inclusión de Adán Augusto en la Secretaría de Gobernación y en la conducción de la política interna. Sin embargo, los vientos sucesorios complicaron la recomposición al imperar la polarización. El presidente se radicalizó, por cálculo y por impulso atendió más a la sucesión que a su gobierno, aunque la estabilidad macroeconómica -obsesión del neoliberalismo- le ha permitido desentenderse de muchos otros asuntos. Lo peor está en la seguridad y lucha contra la corrupción. 

El fraude a la ley y la simulación están presentes desde antes del arribo al gobierno, como la consulta para cancelar el hub aeroportuario de Texcoco. Los más afectados y los mismos empresarios enfocaron su reclamo a la indemnización, no a la ilegalidad del expediente y de allí en delante todo es historia, pasando por la mañanera, un recurso al margen del derecho a la información y de las formas y contenidos de lo que la autoridad debe proveer. En su lugar un vulgar y grosero ejercicio de propaganda y prédica política, además de agresión recurrente a los derechos de particulares, periodistas, jueces y de la presunción de inocencia.

El dinero en las elecciones sigue presente. Igual que antes, quien está en el gobierno es quien más gasta porque el origen de los recursos es el erario. El INE no actuó con claridad desde el principio porque está colonizado, dio resultado el plan C de López Obrador. Para mejor prueba, la votación de la comisión de quejas y denuncias del INE, donde los dos nuevos consejeros resuelven a favor del presidente a contrapelo de los proyectos de la consejera Claudia Zavala, quien preside la Comisión. El Tribunal repudió la legalidad al rechazar el proyecto de la magistrada Otálora de suspender ambos procesos. En su lugar ordenó al INE regular la ilegalidad, cuando que si la normatividad en materia de financiamiento se aplicara impediría que los principales aspirantes de Morena obtuvieran registro como candidatos por violaciones al gasto de precampaña. Los topes de campaña de 34 millones de pesos aprobados por el Consejo General ya fueron rebasados.

La contienda en el Frente Amplio por México es diferente porque los candidatos no tienen dinero la dimensión de la ilegalidad el problema es menor. Además, hay una instancia que regula el proceso. El problema por ahora es la manera como se resolvió el registro de los 150 mil adherentes. La plataforma genera exclusión porque presupone familiaridad con las aplicaciones móviles, una conectividad razonable y pasar por un procedimiento de registro que requiere paciencia y persistencia. Sus efectos no son menores y pueden significar que solamente uno o dos puedan pasar el requisito, a pesar de las adhesiones que se podrían acreditar si el sistema fuera diferente.

La reflexión obligada sobre el gasto electoral es actual, pero más a futuro. Las precampañas anticipadas muestran que la pérdida de sentido de los límites frente a una autoridad ausente o incapaz de hacer valer hasta sus propias resoluciones. La elección de 2024 ha iniciado en el marco de la ilegalidad y del uso fuera de límite del gasto de promoción de aspirantes.