Obligado Bartlett a reformas para volver rentable la CFE

Que tengan una productiva semana, amig@s de Quadratín!

Ante la extraña ausencia del presidente Enrique Peña, todavía en funciones, y los arrebatos del presidente virtual, la noticia de la semana fue la pre designación -por llamarlo de algún modo- del ex priísta Manuel Bartlett Díaz para dirigir la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El anuncio cayó como “balde de agua fría” a tirios y troyanos. Desde la derecha se criticó al senador Bartlett por su falta de experiencia en el ramo y Coparmex solicitó designar un perfil más especializado. La izquierda, incluso morenista, echó en cara sus antecedentes en el fraude electoral de 1988.

La presión mediática fue tal, que el propio López Obrador tuvo que salir en su defensa y el senador Bartlett a decir que no renunciaría en su empeño de asumir el cargo, señalando incluso -a contracorriente de lo declarado por el presidente electo- que no habrá cambios a la reforma del sector eléctrico por considerar que funcionará bien y sólo los ajustes necesarios para evitar las pérdidas con las que opera actualmente.

Esa es precisamente la problemática que enfrenta la CFE, pero por causas claramente imputables a los errores, excesos y omisiones de la propia reforma energética de 2013-2014.

A casi 5 años de la reforma constitucional en la materia, 4 de la promulgación de su legislación secundaria y poco más de 1 de la escisión de la CFE, es menester realizar algunas consideraciones.

Antes de la reforma, la CFE era un organismo descentralizado del Estado responsable de la política de desarrollo del servicio eléctrico del país, a cualquier costo, para lo cual recibía un subsidio.

La reforma constitucional de 2013 transfirió éste rol a la Secretaría de Energía (SENER), ordenando la transformación de la CFE en una empresa rentable, obligada a pagar el Impuesto sobre la Renta y un dividendo al Estado mexicano, en su carácter de propietario de la misma.

Desafortunadamente, en 2014 se expidió una legislación secundaria con disposiciones contradictorias en algunos aspectos, de tal suerte que, por un lado, la Ley de la CFE ordena su rentabilidad, pero por el otro, la Ley de la Industria Eléctrica dispone diversas cargas económicas que la imposibilitan.

El artículo 11, fracción XXI, del segundo ordenamiento faculta a la SENER para instruir a los transportistas y los distribuidores de electricidad (la CFE) la ejecución de los proyectos contenidos en los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución (proyectos instruidos).

Con ello, se responsabiliza a la CFE de la realización de los proyectos necesarios para el desarrollo del país, pero financiados con recursos propios, a pesar de no ser rentable, lo que atenta contra la pretendida productividad de la empresa.

El artículo 144 de la citada ley faculta al Ejecutivo Federal para determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales que hubiere determinado la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para determinados grupos de Usuarios del Suministro Básico (tarifas subsidiadas), en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE, siendo que dicho subsidio corre con cargo al presupuesto de la CFE, lo que también atenta contra de su rentabilidad.  

También impiden el sostenimiento financiero de la CFE, las facultades de la CRE para establecer (de conformidad con el artículo 138 de la misma ley) las metodologías que determinan el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas en los servicios de transmisión, distribución y operación de los suministradores de servicios básicos (tarifas inter compañías de la CFE), sin que se le permita recuperar todos sus costos.

En compensación, la CFE recibe un subsidio, pero éste se otorga al final del ejercicio con recursos apenas suficientes para evitar números rojos y para obviar el pago del dividendo estatal, por lo que ni hay rentabilidad y el gobierno federal no recibe dividendo alguno.

En conclusión, de no emprenderse las reformas necesarias, la CFE difícilmente se convertirá en una empresa productiva del Estado mexicano, por lo que es menester asegurarle rentabilidad y viabilidad financiera.