TOLUCA, Edomex., 07 de enero de 2019.- Autoridades federales investigan un presunto desvío de más de 17 mil millones de pesos de los recursos que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) tenía destinados para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

Según una publicación de El Universal, se detalla que el desvío investigado por la Policía Federal y cuyas conclusiones fueron entregadas al Órgano Interno de Control (OIC) del GACM, a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República (PGR), involucra a Raúl González Apaolaza, ex director General de Obra del NAIM, y a Carlos Noriega, ex director General de Administración de GACM, y señalan la necesidad de investigar los bienes de Manuel Ángel Núñez Soto, ex gobernador de Hidalgo y antecesor de Federico Patiño como director General del GACM.
El informe, con fecha 6 de noviembre de 2018, fue entregado a GACM mediante el oficio número PF/DINV/CIC/DGIDAI/5097/2018 el 12 de noviembre pasado, fecha en la que ya se encontraba en funciones el actual director, Gerardo Ferrando Bravo, a quien se buscó para cuestionarle sobre la existencia de la investigación. Al cierre de la presente edición no se obtuvo respuesta.

Patiño dijo que él no ordenó la investigación, pero que sí recibió un documento no firmado, mismo que decidió enviar al OIC de grupo aeroportuario.

El informe detalla que sindicatos y empresas supuestamente controladas por González Apaolaza resultaron beneficiadas por un monto superior a 17 mil 500 millones mediante el monopolio de viajes de carga, y la compra de material al grado tal que, según testimonios de trabajadores en la obra, su ingreso al terreno sólo ocurría con previa autorización del sindicato y mediante el pago de un porcentaje.

“Sobre los precios pagados a las minas, versus en el mercado mayoreo y menudeo, por el volumen estimado en 8 millones de metros cúbicos que ingresaron, [las compras] no se dieron en las mejores condiciones disponibles, en cuanto precio, calidad y financiamiento”.

“Se establece, de la investigación de la Dirección Corporativa Lado Tierra de GACM, la presunción de que deliberadamente no se contrató la operación del tren de Ferromex que está en la parte trasera del polígono y el equipo transportador de material instalado, a sabiendas del volumen del material que ingresaría a la obra y de los centros de acopio que hay cerca de las minas, como lo informó personal del sindicato, ya que este medio de transporte hubiese reducido considerablemente el costo del transporte de los materiales, así como los tiempos de entrega.

“Prácticamente se pagó por tres veces el valor del tezontle por transportarlo”, pues el precio pasó de 50 pesos el metro cúbico a 200 pesos, mientras que el basalto llegó a los 300 pesos, ambas cantidades multiplicadas por los 8 mil metros cúbicos de la superficie”.

De acuerdo con la manifestación de impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la compra de material de construcción se calculó para una superficie total de 35 mil 448 millones de metros cúbicos, lo que implica un pago de más de 17 mil 724 millones de pesos de tezontle a 200 pesos el metro cúbico, y basalto, a 300 pesos el metro cúbico.

Además, en 2017 la Auditoría Superior de la Federación documentó que en nivelación, limpieza del terreno y construcción de caminos provisionales de acceso se autorizaron pagos por 3 mil 603 millones 200 mil pesos entre el 1 de febrero y el 31 de marzo, sólo por el suministro y la colocación de 392 mil 570.42 metros cúbicos de tezontle.

De acuerdo con la PF, de estas acciones se denota “una acción concertada entre funcionarios y sindicatos que se podría tipificar como delincuencia organizada con el fin de crear un monopolio de transportes de los materiales a los precios que ellos establecieron y sólo mediante el uso de sus camiones”.

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