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TOLUCA, Edomex, 14 de diciembre de 2017.- Las viviendas populares ya no tendrán que pagar impuestos como residenciales, ya que en el Estado de México tendrán que ser reguladas en aras de redefinir el tipo de unidad habitacional, verificar el reordenamiento urbano, además de garantizar la entrega de casas de calidad, consecuencia de la reforma propuesta por el diputado priísta Reynaldo Navarro de Alva. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano será la encargada de supervisar las verificaciones.
Votada por unanimidad de votos en el Congreso local, este jueves la ley contempla que se regule el tema de las ciudades habitacionales para aquellas que no estén dadas de alta o tengan un régimen erróneo. “Buscamos que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano tuviera la autoridad suficiente para regular todas estas cosas en el crecimiento urbano”, aseguró en entrevista, ya que ellos tendrán la responsabilidad de realizar las inspecciones necesarias con el fin de armonizar la ley federal, estatal y municipal.
En este entendido, la reforma contempla el respetar los planes de crecimiento de cada municipio, además de velar por el ordenamiento urbano. Con esto se estaría cumpliendo uno de los principios constitucionales que es el derecho a una vivienda digna, aseguró. En este tenor, reconoció que la recaudación de impuestos disminuirá y las viviendas serán más accesibles a los ciudadanos.
“Debemos de tener la posibilidad de tener orden en los municipios en orden al desarrollo urbano”, dijo en entrevista, ya que hay municipios en los que los conjuntos habitacionales están registrados en un régimen erróneo y la recaudación de impuestos es nula o excesiva. En esta tónica, reconoció es una problemática que abunda en la mayoría del territorio mexiquense.
Con respecto a los posibles nuevos conjuntos habitacionales que sean creados, señaló que será obligatorio que las empresas ocupen materiales de calidad para garantizar la fabricación de los inmuebles, además de contar con los permisos y dictámenes correspondientes para echar a andar cada proyecto, los cuales serán verificados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano.
En caso de que las empresas constructoras abandonen las obras o no entreguen trabajos de calidad, serán acreedores a sanciones, reconoció el diputado sin puntualizar el tipo de pena que tendrán o el periodo en el que habrá que cumplir.
La estrategia también está diseñada para agilizar la recaudación de impuestos al garantizar los servicios en espacios donde no cuentan con ellos, con lo que aumentarían las arcas estatales al contar con los registros de estos nuevos contribuyentes. También contempla que algunos espacios que paguen impuestos como una zona residencial y no cuente con las características, se les cambie el rubro y por lo tanto la contribución.