Peña garantiza agua a empresarios al levantar veda hidrológica

-Olvida derecho humano al agua

Les deseo excelente semana, amig@s de Quadratín!

La reciente expedición de diez decretos presidenciales que levantan la veda en casi 300 cuencas hidrológicas (55% de los lagos y ríos del país) ha originado comentarios diversos que van de la privatización del recurso a los beneficios que la medida arrojará.

Para abonar a la necesaria atención de fondo de la controversia, es preciso recordar que el artículo 6 de la Ley de Aguas Nacionales faculta al presidente de la República a establecer y suprimir, por decreto, la veda de cuencas hidrológicas; por tanto, lo que hizo Enrique Peña es legal, aunque no necesariamente legítimo o moral.

Para que cualquier persona física, ejido o empresa pueda acceder al vital líquido, debe solicitar una concesión a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), organismo que podrá concederla, salvo que exista veda, en cuyo caso se establece una restricción absoluta de explotación.

Con los decretos, el gobierno priísta transitó del régimen de veda al de reserva -para uso personal y doméstico, producción de energía, protección y conservación ambiental de las cuencas hidrológicas-, por lo que ahora no habrá impedimento para otorgar la explotación del agua en esas cuencas mediante concesión, con excepción de las zonas de reserva señaladas en cada caso.

Los decretos permitirán a la Conagua garantizar los volúmenes exigidos por empresas mineras, petroleras y sistemas urbanos de agua privatizados, a costa de los derechos que sobre el recurso tienen nuestros pueblos indígenas, los núcleos agrarios, las comunidades rurales y los citadinos.

Presidencia justifica una supuesta decisión histórica disfrazada de protección del agua superficial en beneficio de 45 millones de personas, 82 Áreas Naturales Protegidas y 64 humedales de importancia internacional (sitios Ramsar).

Empero, en realidad abrió la puerta al otorgamiento masivo de concesiones para empresas petroleras y eléctricas transnacionales hasta por 50 años.

Cada estado podrá solicitar los volúmenes requeridos, sentando las bases para la privatización vía trasvases y el concesionamiento de los servicios de agua y saneamiento de nuestras ciudades.

La premura del gobierno de Peña Nieto por levantar la veda evidencia su interés por proteger a sus socios mediante concesiones, antes de que arribe un nuevo gobierno de oposición.

En cualquier caso, no debemos de perder de vista lo fundamental: el derecho humano al agua y al saneamiento reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292.

En México, esta garantía está plasmada desde 2012 en el sexto párrafo del artículo 4º. Constitucional, donde se estatuye que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

Además, dispone que “el Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

Estos principios no se alcanzan ni en la Ley de Aguas Nacionales ni con los decretos que desconocen el derecho de consulta de los pueblos indígenas, reconocido por nuestro país en diversos instrumentos internacionales, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada el 15 de junio del 2016 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, varias sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pronunciamientos formulados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Resulta de vital importancia establecer en nuestro ordenamiento constitucional claridad sobre el tema; debemos prepararnos para defender los intereses de nuestros pueblos indígenas, campesinos, y de todos los mexicanos desde el seno de la próxima Legislatura.