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CIUDAD DE MÉXICO, 19 de octubre de 2017.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alerta sobre la discriminación por apariencia física, color de piel y origen étnico, así como el entorno de exclusión e indiferencia que con frecuencia enfrentan las personas afrodescendientes e indígenas en nuestro país, quienes por ello se ven impedidos de hacer efectivos en su totalidad sus derechos fundamentales.
En el marco del Día Nacional contra la Discriminación y el Día del Pueblo Negro Afromexicano de Oaxaca –que se conmemoran el 19 de octubre—, este Organismo Nacional advierte que las distinciones señaladas niegan o restringen el goce de los derechos como el acceso a servicios de salud y educación, así como también se reflejan en prácticas sociales que definen relaciones desiguales de contratación y empleo, según explica en un comunicado.
En este sentido, la CNDH refrenda su demanda urgente para que se reconozcan constitucionalmente los derechos de las personas afrodescendientes y las personas indígenas puedan hacer efectivos sus derechos fundamentales, ya que la exclusión y la invisibilidad también son muestras de discriminación.
Para esta Comisión Nacional, cuando un grupo poblacional no es reconocido en forma explícita con derechos propios, se le priva de las oportunidades que se dan al resto de las poblaciones, y con ello se le impide su autorrealización.
Esta Comisión Nacional hace un llamado a sociedad y autoridades para consolidar el reconocimiento, protección y defensa de los derechos de los pueblos afrodescendientes, bajo esquemas que propicien la inclusión y fomenten la participación activa de los mismos, lo que necesariamente debe comprender su identidad cultural, el respeto y rescate de sus tradiciones, de sus aspiraciones y costumbres.
En cuanto a los pueblos y comunidades indígenas, la CNDH destaca la falta de una ley específica sobre la consulta previa, así como el incumplimiento de los distintos órdenes de gobierno y empresas privadas con la garantía y respeto de los derechos de esas poblaciones relacionados con proyectos extractivos o de gran escala que pueden conllevar profundas afectaciones a sus prerrogativas y les impiden el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y los dejan en situación de vulnerabilidad.
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