Pide Sader a FGR intervenir por riesgos en elección de Chapingo
TEXCOCO, Edomex., 21 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del Gobierno federal solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) ante denuncias sobre la presencia de grupos generadores de violencia, presunta coacción del voto y utilización de bebidas alcohólicas y otras sustancias para influir en estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), donde el próximo lunes 23 de noviembre se elegirá a quien ocupará la Rectoría durante el periodo 2027-2031.
Mediante el oficio número 0988-2026, fechado el 19 de noviembre y recibido por la FGR el día 20, la titular de la dependencia federal, Columba Jazmín López Gutiérrez, pidió a la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para salvaguardar la seguridad, integridad física y salud de la comunidad universitaria, tanto durante el proceso electoral como una vez concluido.
La solicitud surgió después de que el 18 de noviembre representantes de estudiantes, profesores y personal administrativo acudieron ante la Secretaría de Agricultura para denunciar un ambiente de hostilidad e inseguridad que, según sus señalamientos, estaría siendo provocado por grupos interesados en posicionar determinadas candidaturas a la Rectoría. Los denunciantes advirtieron que estas prácticas podrían comprometer la libertad del voto y generar enfrentamientos dentro y fuera de las instalaciones universitarias.
Denuncian presunta inducción del voto mediante alcohol y drogas
Uno de los aspectos más delicados del documento federal señala que dichos grupos presuntamente aprovechan la existencia de bares, restaurantes y establecimientos cercanos al campus para inducir a jóvenes, incluidos menores de edad, al consumo de bebidas alcohólicas y sustancias que el oficio identifica como "drogas legales", con la finalidad de persuadirlos para votar por determinada candidatura.

Entre los negocios mencionados por los denunciantes aparecen Miscelánea Martínez, La Selva de Kiko Restaurante Bar, Amber Texcoco, La Triple Ronda, Salón Jardín Chapingo, Garden Party y Restaurante Bar Maíz de Amor, ubicados en distintas colonias del municipio de Texcoco. No obstante, el oficio no acredita que estos establecimientos hayan cometido delitos, por lo que los señalamientos deberán ser investigados por las autoridades competentes.
La dependencia federal advirtió que, de confirmarse los hechos, representarían un riesgo inminente para la vida, integridad y salud de los integrantes de la comunidad universitaria, particularmente de los estudiantes menores de edad. Por ello, pidió a la Fiscalía adoptar, dentro de sus atribuciones, las medidas necesarias para proteger a los jóvenes y garantizar el funcionamiento de la institución.
Cuestionan actuación de Rectoría ante denuncias
La intervención del Gobierno federal ocurre mientras crecen los cuestionamientos hacia Noé López Martínez, director general académico en funciones de Rector, por la respuesta institucional frente a las denuncias. Integrantes de la comunidad universitaria consideran que los protocolos, exhortos y gestiones de coordinación anunciados deben acompañarse de información verificable sobre las medidas implementadas, posibles denuncias presentadas y resultados obtenidos.
Aunque la Rectoría solicitó una mesa de seguridad con participación de la Guardia Nacional, autoridades estatales y la policía municipal de Texcoco, persisten interrogantes sobre las acciones concretas para prevenir actos de intimidación. A ello se suman acusaciones difundidas en redes sociales sobre la presunta participación de Noé López en una convivencia con estudiantes para favorecer electoralmente a Ángel Garduño García, quien busca la reelección. Sin embargo, la fecha, el contexto y el contenido íntegro de las grabaciones señaladas no han sido verificados de manera independiente.
La elección de Rector está prevista para el lunes 23 de noviembre mediante voto universal, directo, escrito y secreto. En medio de los señalamientos, la solicitud de intervención de la FGR coloca bajo atención federal las condiciones de seguridad del proceso, mientras integrantes de la comunidad universitaria exigen que las autoridades garanticen una jornada libre de presiones, esclarezcan las denuncias y rindan cuentas sobre las medidas adoptadas para proteger a los estudiantes.






