Plantea Congreso eliminar preferencia materna en custodias en el Edomex
TOLUCA, Edomex., 24 de septiembre de 2026.-La diputada local María del Carmen de la Rosa Mendoza, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó formalmente una iniciativa ante el Poder Legislativo del Estado de México (EMX) para reformar el Código Civil y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta propuesta busca erradicar la preferencia automática hacia la madre en los casos de guarda y custodia, obligando a los jueces familiares a dictar resoluciones bajo una estricta perspectiva de infancia, igualdad sustantiva y libre de estereotipos de género en beneficio de los menores.
La urgencia de actualizar el marco jurídico estatal responde a la realidad demográfica de la entidad, donde habitan más de 4.4 millones de menores de 15 años y un porcentaje significativo de hogares monoparentales enfrenta complejos procesos de separación familiar ante los tribunales.
Evaluación real de cada entorno familiar
El núcleo central de la reforma legislativa radica en la obligación judicial de examinar minuciosamente las condiciones particulares de cada familia, priorizando la capacidad real de cuidado por encima de presuposiciones basadas en el género de los progenitores. Los juzgadores deberán considerar elementos fundamentales como la existencia de un entorno libre de violencia, la protección efectiva contra cualquier tipo de abuso físico o emocional, las redes familiares de apoyo disponibles y las necesidades específicas de cada niña, niño o adolescente.
La propuesta establece con claridad que las labores domésticas y de cuidados no remunerados no podrán utilizarse de manera aislada para desacreditar la capacidad económica o la idoneidad de una persona para obtener la custodia, protegiendo así a quienes se dedican al hogar.
Radiografía de los juicios actuales
Los procesos jurídicos vigentes en el territorio mexiquense obligan a las parejas separadas a buscar acuerdos amistosos o someter la decisión final a la valoración de los tribunales familiares cuando no existe un consenso sobre la convivencia y la manutención. Actualmente, la legislación local señala que la custodia provisional debe otorgarse preferentemente a la madre, contemplando un esquema similar para menores de 12 años, mientras que los adolescentes pueden externar su opinión ante la autoridad competente.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en múltiples ocasiones que cada controversia familiar debe analizarse a partir de sus circunstancias concretas, un criterio que la nueva iniciativa pretende blindar e institucionalizar definitivamente en las leyes del estado.
Cifras y realidades en los juzgados
La magnitud de los conflictos familiares en la demarcación queda al descubierto con las estadísticas del Poder Judicial, cuyos Centros de Convivencia Familiar en municipios como Ecatepec, Toluca, Nicolás Romero e Ixtapaluca atendieron más de 11 mil 500 visitas supervisadas en un cuatrimestre. Estos espacios controlados reflejan únicamente una fracción de las disputas legales vigentes, donde miles de menores de edad requieren de la intervención institucional obligatoria para mantener un contacto seguro con ambos padres tras una ruptura de pareja.
Los vacíos institucionales y la falta de perspectiva de género en litigios complejos también han derivado históricamente en casos alarmantes de injusticia social, como el documentado por la Comisión de Derechos Humanos estatal en el proceso que enfrentó Antonia N. en Nezahualcóyotl.
Hacia una justicia familiar equitativa
La posible aprobación de esta reforma legislativa en el Congreso mexiquense marcaría un parteaguas histórico hacia una justicia familiar más moderna, equitativa y centrada estrictamente en el bienestar superior de la infancia. Al erradicar los prejuicios de género y priorizar la capacidad real de cuidado por encima de automáticos mandatos legales, el sistema judicial del estado se encamina a proteger de manera más efectiva a las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
El reto principal para las autoridades y legisladores consistirá en garantizar una correcta aplicación de estos criterios en los tribunales, asegurando que cada resolución judicial se traduzca en entornos seguros, estables y libres de violencia para las familias de la entidad.
