Poco claras, las propuestas del presidente electo

-PRD pendiente de su Plan Nacional de Desarrollo para defender demandas históricas

#PensemosElFuturo

Javier Salinas Narváez

-Doctor en Administración Pública

¡Les deseo una excelente semana, amig@s de Quadratín!

Después del 1º. de julio, no ha habido un sólo día en que el ahora presidente electo no haya dado la nota en la agenda pública nacional. Sin embargo, sus propuestas han sido poco claras, privilegiando el impacto mediático, pero con poca o nula trascendencia económica o social.

El 11 de julio, Andrés Manuel López Obrador nos recetó 12 propuestas, -la mayoría, reclamos históricos de la izquierda premorenista-, sin concretar mucho, por lo que me permito realizar algunas reflexiones.

El presidente electo dice que propondrá una “ley reglamentaria para aplicar en los tres poderes el artículo 127 de la Constitución para que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente de la República”.

Dada la existencia de derechos adquiridos por miles de servidores públicos de los tres poderes de la Unión, para evitar una brutal sangría de indemnizaciones provenientes de demandas laborales, lo pertinente es una reforma constitucional, a fin de que no sólo no quede duda, sino además se puedan afectar de manera retroactiva los derechos laborales de los servidores públicos, sin violar la Constitución.

“Revisar si se necesita llevar a cabo alguna reforma para aumentar el salario mínimo al doble en la zona fronteriza del norte del país” es una propuesta ambigua; no garantiza el incremento. Tampoco explica lo que se entiende por frontera: ¿se referirá a las ciudades fronterizas, o a un parte de estas?; ¿a los estados fronterizos en su totalidad?; ¿a los estados del norte?, ¿y los del sur?

La desaparición de las zonas geográficas salariales tuvo como propósito evitar los desequilibrios económicos entre el norte y el sur del país, que supuestamente pretende resolver el gobierno morenista, por lo que este planteamiento no tiene mucho sentido.

“Elaborar la ley de ingresos y presupuesto de 2019 bajo la coordinación del secretario de Hacienda del próximo gobierno de la República” ya está previsto en el artículo 43 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el proyecto de Presupuesto de Egresos en apoyo al presidente electo, por lo que la propuesta refleja poco conocimiento del equipo de López Obrador.

“Modificar o revocar leyes de la llamada Reforma Educativa en coordinación del secretario de Educación Pública” es ambiguo; no nos sorprendamos si, después de una consulta popular con sus grupos de aplaudidores -mediática, pero sin cambios de fondo-, nos recetan cambios innecesarios.

El presidente electo ha señalado que la reforma de Enrique Peña Nieto no fue educativa, sino administrativa; luego entonces, no se entiende para qué proponer una reforma educativa en lugar de una administrativa del sector educativo.

“Llevar a cabo los cambios en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos para ajustar la estructura administrativa de gobierno” suena muy razonable, empero, el problema es mucho más complejo de lo que parece.

Los servidores públicos de confianza, mandos medios y superiores no han recibido aumentos salariales desde hace casi 18 años, contrario a los trabajadores de base por sus revisiones contractuales de cada dos años, de tal manera que en la actualidad algunos trabajadores de base ganan más que los de confianza.

Además, los empleados de confianza son cada vez menos, producto de los recortes presupuestales, mientras los de base son defendidos por los sindicatos, y mandos medios y superiores por sus jefes.

Es grave el empoderamiento político propuesto para los coordinadores generales de los estados por su poder para disponer sobre el gasto público federal, lo que habrá de convertirlos en una suerte de vicegobernadores o virreyes, al más puro estilo priísta de los años 60, con lo que vendría a politizarse aún más su labor.

Así, en realidad lo que pretende López Obrador es ir encaminando a sus futuros candidatos a los gobiernos estatales y municipales para asegurar, desde ahora, el apoyo local, con el uso faccioso de los recursos federales y los programas sociales.

También encontramos propuestas plausibles, pero mientras no conozcamos los detalles no sabremos si lo que se dice ahora será igual a lo que se haga.

De otra parte, está todo aquello que se omite, a lo que no se ha comprometido el presidente electo, como la necesaria autonomía del fiscal general de la república y del fiscal anticorrupción; o aquello de lo que ya se desdijo, como la reforma energética y el nuevo aeropuerto de la ciudad de México.

En cualquier caso, el presidente electo y su equipo parecen desconocer la existencia del Sistema Nacional de Planeación Democrática, previsto en el artículo 26, Apartado A, constitucional, cuya ley ordena: “el Presidente de la República enviará el Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación, a más tardar el último día hábil de febrero del año siguiente a su toma de posesión”.

Por ahí tendría que empezar el nuevo gobierno y será hasta entonces que se formalicen las buenas intenciones. Por ello, estaremos atent@s para defender nuestra carta fundamental y sus leyes reglamentarias, así como nuestras propuestas históricas.