Política, Economía y Finanzas

#PensemosElFuturo

Excelente semana amig@s de Quadratín

Hoy les propongo hablar de un tema posiblemente controvertido, pero necesario de abordar, porque la realidad nos rebasó y no podemos ni debemos evadirlo más, sino solucionarlo: las familias homoparentales y sus derechos.

La palabra “homoparental” no es común, la mayoría de las personas desconoce su significado. Hasta hace algunos años no existía en el diccionario y menos aún en el vocabulario legal. El concepto homoparental alude a aquellas familias integradas por una pareja de hombres o de mujeres, padres de uno o varios hijos, lo que en la práctica es de por sí una realidad.

Se trata pues de las llamadas parejas del mismo sexo. Sin embargo, este término pone el acento en la sexualidad y no en la condición de pareja o familia; eso impide comprender la complejidad de una realidad que avanza mucho más de prisa a las normas jurídicas.

Hace casi 10 años, en 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que las parejas del mismo sexo tienen la garantía de adoptar un niño. Desde entonces muchas legislaciones en el mundo han acogido esa norma como criterio de reconocimiento de derechos universales inalienables.

La tendencia mundial para debatir y legislar sobre el tema ha sido amplia. Apenas hace unos días el Papa Francisco se congratuló porque una pareja homoparental, formada por hombres, optó por el sacramento del bautismo católico para su hijo, oficiado sin protestas y sin que se rasgaran las vestiduras.

Para México, y en especial para el Estado de México, debiera ser una llamada de atención; es necesario romper con el atraso y las condiciones de segregación social que han impedido a muchos el ejercicio pleno de sus derechos en materia sexual, reproductiva y familiar. Derechos recientemente negados, al menos en el discurso, por el gobernador electo Alfredo del Mazo Maza.

Para fortuna de muchos, ese pensamiento ha venido cambiando en los últimos 25 años y hoy tenemos instrumentos, nacionales e internacionales, que nos permiten avanzar en una ruta diferente. La sociedad civil organizada ha tenido un papel protagónico y, luego, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien trascendiendo tabúes se ha pronunciado claramente a favor del libre ejercicio de los derechos sexuales, reproductivos y familiares.

Es una batalla que, ahora, los legisladores y la sociedad debemos dar. Aquí mismo, en el Estado de México, hemos propuesto, a través de una iniciativa de ley que se encuentra en comisiones y cuyo dictamen ya no debe demorar, el reconocimiento a las uniones legales de las parejas del mismo sexo y, al mismo tiempo, la posibilidad de avanzar en el ejercicio de la paternidad por parte de dichas uniones.

Se trata en efecto de un tema de justicia, pero también de derecho. La Corte ya validó el matrimonio entre parejas del mismo sexo y les otorgó, adicionalmente, los derechos y responsabilidades de cualquier otra sociedad conyugal, entre ellos el de la adopción de hijos.

Lo anterior significa que las parejas del mismo sexo, desde la perspectiva del máximo órgano jurisdiccional del país, son legales y tienen derechos plenos. Implica también que cualquier debate posterior debe partir de una premisa mayor: se trata de derechos ya reconocidos y no sujetos a deliberación.

Pero nada será suficiente si quienes tenemos la responsabilidad de adecuar las leyes no avanzamos en el ejercicio de esos derechos. Por eso estoy convencido de que la tarea del legislador en esta materia es trabajar en las adecuaciones a todas las leyes que faciliten, permitan y protejan las uniones matrimoniales entre parejas del mismo sexo.