Política, economía y finanzas

Agradezco a Quadratín, a sus directivos y a sus seguidores la oportunidad para disertar en este espacio que amablemente me han proporcionado.

Hoy analizaremos la propuesta de Reforma Fiscal 2018 presentada el pasado 02 de agosto por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que, en realidad, pretende disminuir los impuestos a los grandes empresarios y a los grandes ejecutivos de las empresas y cuyas medidas además traerían un importante costo al erario público.

Los planteamientos son una burla para el grueso de contribuyentes: restablecer por Decreto Presidencial la deducción al 100 por ciento del Impuesto sobre la Renta (ISR) de las prestaciones laborales otorgadas a los trabajadores, tanto las de previsión social como las que establece la Ley Federal del Trabajo, así como las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social.

La autorización de tales deducciones beneficiaría directamente a los patrones y a los ejecutivos de alto nivel de las empresas.

La propuesta de Coparmex para “Mejorar la competitividad del sistema fiscal, homologando la tasa del ISR a la tasa promedio de los países miembros de la OCDE” pretende bajar este gravamen en las empresas del 30 al 24.66%, pero recomiendan mantener las altas tasas que pagamos las personas físicas.

En sentido contrario, por equidad, en el PRD hemos propuesto aumentar la tasa a las empresas y bajar la de las personas físicas de menores ingresos.

El órgano patronal también promueve permitir el acreditamiento de la retención del 10% del ISR por pago de dividendos a personas físicas, un mecanismo para que los dueños de las empresas (los accionistas) paguen menos por este impuesto.

De manera muy elegante proponen “ampliar la base de contribuyentes, reduciendo significativamente los gastos fiscales del IVA, sin afectar a los hogares de menores ingresos”. En palabras llanas, quieren eliminar la tasa cero en alimentos y medicinas y definir previamente mecanismos para neutralizar los efectos en los hogares de menores ingresos, aunque no dicen cómo y definirlo “está en chino”.

La idea no es nueva, Fox la propuso en 2004, pero el PRD, el PAN y la mayor parte del PRI la rechazaron porque la medida repercutirá de lleno en los ingresos de las familias de menores recursos.

Algunas propuestas, pocas, benefician a la clase asalariada: reducir de manera significativa el ISR de las personas físicas que obtienen ingresos de hasta diez mil pesos mensuales y revisar los otros rangos de la tarifa para lograr una progresividad efectiva.

Aparentemente el costo fiscal no sería muy alto, pues una propuesta previa del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) de desgravar hasta 15 mil pesos mensuales costaría tan sólo 35 mil millones de pesos.

Presentan también algunas propuestas con un costo económico neutro para el fisco y que podrían otorgar mayor certidumbre y seguridad jurídica a los empresarios, como implementar el arbitraje en controversias fiscales internacionales en los convenios suscritos por México para Evitar la Doble Tributación del ISR;  establecer que todos los gravámenes previstos en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se determinen por cuantía, eliminando la determinación del tributo sobre el valor de los bienes y servicios comercializados; acotar algunas facultades discrecionales de las autoridades fiscales en materia de  cancelación de sellos y la Declaración de Operaciones Relevantes; mejorar la recaudación del Impuesto Predial; y simplificar algunas disposiciones, trabajando en conjunto con las autoridades fiscales a través de un Comité de Mejores Prácticas.

Lo cierto es que no existen condiciones económicas ni políticas para que haya una reforma fiscal como la que Coparmex pretende y sólo pondrá presión en el proceso electoral de sucesión presidencial que se avecina.

Nos leemos pronto amig@s!