Porno venganza se pagaría hasta con 3 años de cárcel

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de diciembre de 2017.- Con una sanción de seis meses a tres años de cárcel, el Senado aprobó por unanimidad, un proyecto para reformar el Código Penal Federal, a fin de tipificar como delito el hostigamiento sexual en Internet y sancionar esta conducta con la cárcel. De lo que se trata, explicó el senador Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del PAN, es de inhibir la llamada porno-venganza, es decir, la difusión de imágenes y videos íntimos con el objetivo de acosar a una persona.

Con la reforma, agregó, a quien divulgue, sin consentimiento o autorización, alguna fotografía, imagen, audio o video de contenido sexual de una persona, con la que haya mantenido una relación de confianza, afectiva o sentimental, afectando su intimidad, se le sancionará con prisión de seis meses a tres años y de 800 a dos mil días de multa. El legislador asentó que esta pena se aumentará hasta en la mitad, cuando la víctima sea menor de 18 años o se trate de personas que no tengan la capacidad de comprender el hecho o la capacidad de resistirlo.

Afirmó que los medios de comunicación, incluidos los digitales, que hayan hecho públicas dichas imágenes o grabaciones deberán eliminarlas inmediatamente a petición de la persona afectada ante el Ministerio Público de la Federación o a la autoridad judicial, en un plazo no mayor a 12 horas a partir de la solicitud. Hermosillo y Celada refirió que 90 por ciento de los afectos por este delito son mujeres y que, de acuerdo con la Policía Cibernética en la Ciudad de México, existen más de 2 mil sitios de este tipo de contenido y 424 se concentran en la divulgación de estos materiales. Este dictamen se aprobó con 108 votos a favor y se envió a la Cámara de Diputados.

La Asamblea también aprobó, con 103 votos a favor, y envió a la colegisladora un dictamen que reforma el Código Penal Federal, en materia de ataques a la intimidad y dignidad personal. Además, con 97 votos a favor y 10 en contra, avaló el dictamen que reforma el Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de delitos carreteros. Se remitió al Ejecutivo Federal.