Presentan libro del jurista Carlos Oronoz Santana

08 de octubre de 2016

7:56

Redacción

Toluca, México, 7 de octubre de 2016.- Proteger a las víctimas y sus derechos; lograr el acceso a la justicia de manera más ágil y transparente y facilitar a los abogados de una entidad federativa, actuar o desempeñarse en otra, al existir un solo proceso, son algunos logros del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Durante la presentación del libro “Código Nacional de Procedimientos Penales y el Proceso Acusatorio y Oral, comentado” del jurista Carlos Mateo Oronoz Santana, Guadalupe Pozo Colón, secretaria ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), expuso que la reforma constitucional en materia penal publicada en junio de 2008, representó una profunda transformación del sistema penal mexicano, ya que abarca temas como la seguridad pública, procuración de justicia, administración de justicia y ejecución de penas privativas de la libertad.

Señaló que abrió perspectivas y retos, que conllevaron a presentar la iniciativa de ley para expedir un Código Único de Procedimientos Penales, con vigencia en todo el país y aplicación tanto en el fuero común como en el federal.

Ante el Visitador General de Toluca, Víctor Pérez Delgado, quien fungió como moderador, los comentarios al texto estuvieron a cargo del director jurídico de la Codhem, Jesús Gabriel Flores Tapia y el profesor investigador adscrito al Centro de Investigación de Ciencias Jurídicas, Justica Penal y Seguridad Pública de la Facultad de Derecho de la UAEM, Raúl Arenas Valdés, quienes precisaron que la propuesta derivó de la realidad preocupante ante el avance de la delincuencia organizada, que había adquirido fuerza y poder económico; la desconfianza ciudadana en la procuración e impartición de justicia, procesos penales lentos, en forma escrita y costosos, así como cárceles inseguras.

Los objetivos de la implementación del nuevo código enfatizó el autor, son ajustar el sistema a los principios del Estado democrático y de derecho, es decir, no olvidarse de la ciudadanía; defender las garantías de víctimas y acusados, ahora denominados imputados, salvaguardar sus derechos humanos, defender la imparcialidad de los juicios, e implementar prácticas más eficaces contra la delincuencia organizada y en el funcionamiento de cárceles.