Propone Luis Miranda registro nacional contra delitos ambientales
TOLUCA, Edomex., 2 de febrero de 2026.- Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, el legislador Luis Miranda Barrera propuso crear un Registro Nacional de Infractores Ambientales que permita sancionar y prevenir daños al patrimonio natural de México.
Su iniciativa busca endurecer la respuesta del Estado mexicano frente a los delitos ambientales y así romper con años de simulación institucional, resaltó en su intervención en el pleno.
El legislador, mexiquense sostuvo que, aunque México es el quinto país más biodiverso del mundo, esta riqueza enfrenta una presión creciente por tráfico ilegal de especies, deforestación clandestina, caza y pesca furtiva, actividades que —advirtió— no son delitos menores, sino crímenes que destruyen ecosistemas, afectan comunidades y fortalecen redes criminales.
Impunidad ambiental, el eslabón débil
Durante su intervención, Miranda Barrera subrayó que uno de los principales problemas no es la falta de leyes, sino la ausencia de mecanismos eficaces para castigar a quienes reinciden en delitos contra el medio ambiente.
“El tráfico ilegal de especies es una de las cuatro actividades ilícitas más lucrativas del mundo, solo detrás del tráfico de drogas, armas y personas”, expuso, al citar datos de Interpol, y cuestionó que en México no exista un padrón nacional de personas o empresas condenadas por delitos ambientales, lo que facilita que continúen operando sin consecuencias.
Un registro público para prevenir y sancionar
La iniciativa presentada por el diputado del PVEM plantea reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para crear un registro administrativo, público y consultable, coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Explicó que este padrón concentraría información de personas físicas y morales con sentencias firmes por delitos ambientales, especialmente aquellos relacionados con la vida silvestre, y permitiría a las autoridades consultar antecedentes antes de otorgar permisos, concesiones o contratos, evitando que empresas con historial delictivo sigan explotando recursos naturales o recibiendo fondos públicos.
Mensaje firme desde el Congreso
El diputado ecologista enfatizó que el registro no busca persecución ni señalamiento, sino ser una herramienta preventiva y estratégica que fortalezca la coordinación institucional, la transparencia y la rendición de cuentas.
“En México, dañar el medio ambiente sí debe tener consecuencias”, afirmó, al señalar que la justicia ambiental no puede ser simbólica, sino efectiva, con visión de largo plazo y compromiso con las futuras generaciones.
Con esta propuesta, el legislador mexiquense arrancó el 2026 y consolida un perfil activo en la agenda ambiental nacional, alineando su trabajo legislativo con la defensa del patrimonio natural y proyectando a Toluca y al Estado de México (EMX) como referente en la lucha contra la impunidad ambiental.
