Protestan en Naucalpan por presunta agresión contra mujer trans

NAUCALPAN, Edomex., 28 de julio 2025.- Integrantes de la comunidad LGBT+ se manifestaron frente al Palacio Municipal de Naucalpan para exigir justicia en el caso de Michelle Cano Hernández, mujer transgénero de 34 años, quien denunció haber sido víctima de tortura, amenazas y agresiones físicas por parte de policías municipales en inmediaciones del Toreo, en el Estado de México.

La movilización inició con un plantón en la lateral del Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, y concluyó con el cierre por 20 minutos de las vialidades Valle de México y Cerrada Valle de Morelos, frente a las oficinas del gobierno municipal. Las y los manifestantes exigieron al alcalde Isaac Montoya un pronunciamiento oficial, así como la reparación del daño y una disculpa pública por parte de los elementos señalados.

Michelle relata la violencia sufrida

Michelle Cano relató, a través de un video, que fue detenida durante la madrugada tras intervenir para defender a un joven. Asegura que ambos fueron trasladados por policías a un lugar apartado, donde comenzaron las agresiones. En su testimonio, denuncia golpes, tortura con descargas eléctricas y expresiones transfóbicas por parte de los oficiales, quienes también la habrían obligado a grabar un video confesando falsamente delitos.

“Me decían que no era mujer, me golpearon en los genitales, me picaban con una navaja y me amenazaron de muerte”, acusó Michelle, mostrando heridas visibles en su cuerpo. También indicó que los policías conocían su dirección y datos personales, y que la intimidaron para que no denunciara los hechos.

El colectivo Mujeres Trans Libres Naucalpan convocó a la manifestación para exigir un alto a la violencia transfóbica y el respeto a los derechos humanos. Durante la protesta, también se denunció presunta extorsión sistemática por parte de la Guardia Municipal hacia personas trans que ejercen el trabajo sexual en la zona de Cuatro Caminos. Las manifestantes fueron recibidas por la directora general de Gobierno, Rosalba Gualito, a quien demandaron garantizar el debido proceso, protección institucional y acciones concretas para detener la violencia contra su comunidad.