Protestan vecinos en tribunales por construcción de bodegas en Toluca
TOLUCA, Edomex., 30 de octubre del 2026.- Habitantes de la colonia Independencia volvieron a manifestarse este viernes frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (PJF), en Toluca, para exigir que se respete la suspensión definitiva relacionada con el cambio de uso de suelo que permitiría construir bodegas industriales en su comunidad. La movilización también estuvo marcada por el rechazo a la postura del alcalde Ricardo Moreno Bastida, quien anunció que el Ayuntamiento impugnará la resolución judicial y ha defendido la continuidad del proyecto, pese a la inconformidad vecinal.
Alrededor de 40 habitantes acudieron a la sede judicial con pancartas y lonas en las que expresaron consignas como “Mi colonia es habitacional, no bodega industrial” y “La justicia no se vende”. Los manifestantes solicitaron a la jueza primera de Distrito en Materia Administrativa, Amelia Ivonne Mejía Guerrero, que garantice un proceso imparcial y transparente, luego de señalar que el Ayuntamiento habría solicitado que uno de los juicios de amparo relacionados con el proyecto se desarrolle de manera privada. Al respecto, Florencia Zamora, integrante del Comité Vecinal Independencia, sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer las actuaciones del proceso y pidió que no se limite el acceso a la información.
Acusan falta de transparencia en el proceso y exigen que se respeten sus derechos
De igual forma, la protesta ocurre en medio de una disputa que se intensificó después de que el Cabildo de Toluca aprobara el pasado 14 de agosto, el cambio de uso de suelo de dos predios ubicados en la calle José María Morelos, números 110 y 201, para permitir el desarrollo de bodegas de última milla. El proyecto contempla alrededor de 40 espacios de almacenamiento, distribuidos en ambos terrenos. El 21 de octubre, vecinos dieron a conocer que obtuvieron una suspensión definitiva para impedir que se ejecute la autorización de uso de suelo mientras se resuelve el juicio de amparo. La resolución judicial, de acuerdo con el extracto difundido por los promoventes, establece que deben suspenderse y fiscalizarse las consecuencias derivadas de dicha autorización.
Sin embargo, el alcalde Ricardo Moreno anunció que su administración recurrirá la determinación judicial y sostuvo que esta no representa una orden para detener las construcciones. El pasado 22 de octubre, el edil afirmó que las obras podrían continuar porque, desde su interpretación, la suspensión tiene un carácter positivo y establece condicionantes legales, técnicas y ambientales que deben atenderse, entre ellas sistemas de captación de agua pluvial, rehabilitación de áreas contiguas y restricciones para vehículos de carga. También argumentó que existen posibles irregularidades en la competencia del juzgado que concedió la medida. Esta postura contrasta con la interpretación de los vecinos, quienes sostienen que la suspensión impide ejecutar el cambio de uso de suelo.
Advierten riesgos de movilidad, contaminación auditiva y afectaciones al suministro de agua
La inconformidad no se limita al procedimiento judicial. Los habitantes advirtieron que la instalación de las bodegas podría incrementar el tránsito de vehículos pesados en calles que consideran insuficientes para soportar esa actividad, además de generar problemas de movilidad, contaminación auditiva, afectaciones al suministro de agua y riesgos para estudiantes debido a la presencia de centros educativos en las inmediaciones. También han cuestionado el procedimiento de consulta ciudadana que precedió a la autorización municipal, pues consideran que no garantizó una participación representativa de quienes habitan la zona. Por su parte, la octava regidora Shantal Zepeda Escobar ha respaldado públicamente las acciones legales emprendidas por los colonos.
La polémica también ha puesto en entredicho el discurso de apertura y transparencia que el propio Ayuntamiento había sostenido sobre el proyecto. En junio pasado, mediante un comunicado oficial, el gobierno de Ricardo Moreno aseguró que abriría espacios para escuchar tanto a los habitantes que respaldaban las bodegas como a quienes se oponían, además de convocar a la empresa promotora para explicar sus alcances. No obstante, cuatro meses después, el conflicto escaló hasta los tribunales federales y los vecinos volvieron a las calles para exigir que sus derechos sean considerados antes de permitir el desarrollo industrial en una zona habitacional. Hasta este viernes, la suspensión definitiva seguía formando parte de la disputa legal y no existía una resolución de fondo que definiera la legalidad del cambio de uso de suelo.
